Exjefes de las FARC reciben condenas por secuestros mientras la impunidad paramilitar persiste en Colombia
La llamada "Justicia transicional" sanciona a la antigua cúpula guerrillera, pero la violencia y los crímenes de actores paraestatales siguen sin castigo efectivo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dictó este martes 16 de septiembre la primera sentencia máxima contra siete exjefes del último secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), imponiéndoles ocho años de "sanciones restaurativas no privativas de la libertad" por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado, además de otros delitos como "homicidio, desaparición forzada y tortura".
Entre los condenados se encuentran Rodrigo Londoño (alias Timochenko), presidente del partido Comunes; Rodrigo Granda, conocido como canciller de las FARC; y dos senadores en funciones que accedieron a sus escaños después del acuerdo de paz. La condena incluye restricciones a la movilidad y la participación en "proyectos colectivos de reparación", como desminado y búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, mientras que la llamada "justicia transicional" avanza en sancionar a la antigua guerrilla, que llegó a contar con 20.000 combatientes según cifras oficiales, la impunidad para los grupos paramilitares ultraderechistas, mercenarios y sus vínculos con el poder político y económico sigue vigente.
Denuncias recientes apuntan a la continua violencia de estos grupos, que operan con discreto apoyo estatal y perpetúan asesinatos y amenazas contra líderes sociales, exguerrilleros y opositores políticos, particularmente contra la militancia de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista.
El terrorismo patronal, terrateniente y narcoparamilitar en Colombia sigue siendo acompañado de un sistema jurídico y político que protege a sus miembros y dificulta su enjuiciamiento, mientras varias familias aún siguen buscando y enterrando a sus seres queridos desaparecidos.
La única condena emitida contra grandes cabecillas del narcoparamilitarismo estatal fue la que recibió recientemente el expresidente ultraderechista Álvaro Uribe, sentenciado a 12 años de prisión por manipulación de testigos y fraude procesal. Sin embargo, Uribe fue absuelto de un cargo, la sentencia es apelable y el expresidente se encuentra en libertad condicional desde agosto.
Por lo demás, esta cohabitación entre una aparente "justicia restrictiva" para los movimientos guerrilleros y la impunidad hacia los agentes estatales y paraestatales genera un escenario desigual ante la ley, así como una violencia estructural que se perpetúa alimentando el conflicto social y político que ha provocado un conflicto armado de larga duración en Colombia.
Organizaciones de derechos humanos y sectores populares exigen la aplicación efectiva de la justicia independiente para los actores involucrados en crímenes de guerra y la protección urgente para las comunidades sometidas a la violencia del Estado.
