Siete años de huelga, 50 despidos y precariedad en la base militar de Rota
Denuncias de acoso, despidos sindicales y servicios mínimos abusivos en el aeropuerto militar gestionado por la empresa estadounidense Louis Berger.
La base militar de Rota vive uno de los conflictos laborales más prolongados de la historia reciente en el Estado español. La empresa estadounidense Louis Berger Aircraft Services (LBAS), concesionaria del aeropuerto militar desde 2013, acumula una huelga indefinida de casi siete años con paros diarios de hasta cuatro horas por turnos, afectando a una plantilla de 190 trabajadores. Todos ellos son civiles y algunos tienen doble nacionalidad hispano-estadounidense. Denuncian la vulneración de sus derechos laborales y graves abusos patronales, como el despido de casi 50 asalariados, incluyendo cuatro miembros del comité de empresa, según denuncian ante el diario El País.
El desencadenante del conflicto laboral fue la imposición unilateral de un convenio estatal de aeropuertos civiles sobre un aeropuerto militar, lo que produjo recortes salariales superiores al 30% y la sustitución sistemática de plantilla por "personal de confianza" y exmilitares norteamericanos. Denuncian también servicios mínimos abusivos del 90%, imposibilitando el ejercicio efectivo del derecho a la huelga, mientras Inspección de Trabajo ya ha levantado al menos 30 actas por vulneraciones sindicales, que se siguen produciendo a pesar de todo.
El Ayuntamiento de Rota declaró en 2020 a LBAS empresa non grata, gesto que se renovará próximamente ante la persistencia del conflicto y la falta de soluciones, reflejando el amplio rechazo popular a la empresa estadounidense. Mientras, los trabajadores denuncian la lentitud judicial que prolonga el desgaste, la tensión social y las consecuencias personales, incluido el impacto en sus familias y búsqueda activa de empleo fuera de la base.
Aunque la empresa y sus representantes legales han evitado responder a los medios, la realidad del conflicto ha sido objeto de informes entregados al Ministerio de Trabajo del Gobierno español. El alcalde Javier Arana ha tenido que exigir al Gobierno central una intervención efectiva, subrayando que la base forma parte del territorio del Estado español y que los derechos laborales deben ser respetados. Sin embargo, en Madrid no parecen muy dispuestos a reprochar nada a sus socios de Washington.
