El Fondo de Compensación para las víctimas del amianto ha entrado en marcha oficialmente, permitiendo desde este 18 de septiembre que las personas afectadas en la Comunidad Autónoma Vasca soliciten el certificado que acredita las patologías derivadas de la exposición al mineral cancerígeno en el trabajo y que da acceso a las ayudas económicas establecidas. El protocolo para emitir este certificado recae en un Equipo de Valoración, compuesto por técnicos en salud pública y laboral, que revisarán cada solicitud en un plazo máximo de tres meses, según detalla el Gobierno Vasco.

Pese a este avance parcial, organizaciones sindicales y asociaciones de víctimas, como FEDAVICA, han expresado su insatisfacción con el fondo, calificándolo de “insuficiente” y denunciando que “llega tarde”. Además, señalan que ni siquiera atiende a todos los afectados debido a criterios restrictivos. Jon García, portavoz de FEDAVICA, ha lamentado que herederos, familiares y fallecidos quedan excluidos, mientras las compensaciones económicas se sitúan entre 50.000 y 96.000 euros en pago único, muy por debajo de las que se obtienen vía judicial o en otros países europeos.

Las críticas se suman a las advertencias de retrasos y dificultades relacionadas con la burocracia y gestión autonómica del fondo. Incluso Unai Sordo, secretario general del sindicato progubernamental CCOO, apuntó que el fondo “paliará muy parcialmente una injusticia histórica” y que las administraciones públicas parecen “tener miedo a abrir una puerta a reclamaciones amplias”.

Por ello, los sindicatos instan a que Lakua revise el reglamento, cuente con las víctimas y fortalezca mecanismos para garantizar una reparación mayor y evitar litigios prolongados. Ahora, la decisión está en manos del Gobierno Vasco.