El derrumbe parcial de un edificio de cinco plantas en la calle Hileras, junto a la plaza de Ópera en Madrid, ha dejado cuatro obreros muertos y tres heridos—uno de ellos grave—según datos oficiales. El edificio, construido en 1965 y adquirido en 2023 por el fondo saudí RSR Singular Assets Europe Socimi, estaba siendo rehabilitado para transformarse en un hotel de cuatro estrellas. Desde el Servicio de Emergencias de Madrid informan que en el momento del colapso el forjado superior cedió y arrastró toda la estructura de arriba a abajo, atrapando a parte de los 40 trabajadores presentes en la obra.

En los trabajos de rescate han participado hasta 16 dotaciones de Bomberos, equipos del Samur, drones, y unidades caninas de la Policía Municipal. Bomberos y portavoces municipales han calificado las tareas de “durísimas”, realizadas manualmente por la inestabilidad de los escombros y la magnitud del siniestro. Vecinos y comerciantes describen la escena del derrumbe como una “calle cegada por el polvo” y un “ruido horroroso”. Testigos han narrado a la prensa el pánico y la conmoción vividos en todo el barrio tras la evacuación total del perímetro.

El Ayuntamiento ha confirmado que la licencia de obra fue otorgada en febrero de 2025 y que “todos los papeles estaban en regla desde el punto de vista urbanístico”; sin embargo, el edificio había recibido dictámenes técnicos desfavorables en inspecciones recientes y su reforma se presentaba como una “rehabilitación integral y consolidación estructural” promovida por la socimi saudí y ejecutada por la empresa Rehbilita. El delegado del Gobierno español, Francisco Martín, ha señalado que se evalúa “el posible impacto en los edificios colindantes” y recalca que es “un accidente laboral en investigación” mientras familias y compañeros de los trabajadores esperan noticias en la calle.

El siniestro revela las condiciones de riesgo y la falta de protección estructural que afrontan quienes trabajan en reformas urbanas impulsadas por fondos internacionales y constructoras subcontratadas. Las autoridades, lejos de asumir responsabilidades, apelan una vez más al cumplimiento “burocrático” de la normativa mientras los trabajadores pagan con su vida una precariedad laboral que se ceba especialmente con los trabajadores inmigrantes y jóvenes del sector.

La prioridad, en palabras de los bomberos, ha sido seguir desescombrando hasta hallar a todos los trabajadores sepultados. El negro desenlace vuelve a poner en cuestión la especulación inmobiliaria en el corazón de Madrid, mientras la construcción sigue cobrándose vidas obreras.