"Tenemos la conciencia tranquila y la cabeza bien alta"
Piden 60 años de cárcel y 45.000 euros de multa para 19 personas de Zaragoza por intentar parar un desahucio.
El día 25 de mayo de 2023, Mariano, su mujer y sus dos hijas fueron desahuciados de su casa en Zaragoza (Aragón). Esa madrugada, en su portal, se habían dado cita en torno a un centenar de manifestantes sensibilizadas con el caso y en defensa del derecho a la vivienda. No tardaron en llegar al lugar numerosos efectivos de la Policía Nacional, que intercedieron en favor de Caixabank para ejecutar el desahucio, identificando a decenas de personas y cargando contra los manifestantes, dejando numerosos heridos, uno de los cuales tuvo que ser trasladado en ambulancia.
El desahucio se había intentado evitar desde hacía tiempo. Para ello, desde la PAH se habían realizado multitud de protestas durante varios meses tanto en la sede de Caixabank en el centro de Zaragoza como en el CaixaForum, lo que sirvió para visibilizar públicamente la responsabilidad de esta entidad en el drama de los desahucios (desde 2008, 50.000 familias habían sido desahuciadas solo por CaixaBank). Una de estas acciones tuvo lugar un mes antes del desahucio, cuando un grupo de militantes acudió a las oficinas de CaixaBank para tratar de reunirse con el responsable de Building Center, el fondo buitre vinculado al banco que estaba impulsando el desahucio. Tras repartir algunos panfletos, los activistas salieron de la sede cuando la policía se lo ordenó, sin oponer resistencia.
Estos hechos fueron respondidos con un largo proceso represivo contra 19 personas, a las que se les pide un total de 60 años decárcel y más de 45.000€ en multas por coacciones y desórdenes públicos. A este proceso hay que sumar otros dos juicios relacionados con este mismo caso; uno ya cerrado, y otro derivado del propio desahucio, que todavía no se ha celebrado. Hablamos con Amaranta y con Helena, dos militantes del Movimiento Socialista y del movimiento por la vivienda de Zaragoza que vivieron los hechos en la sede de Caixabank y que serán juzgadas por ello esta semana.
19 personas os enfrentáis a un juicio por participar en una acción hace dos años. ¿Podéis explicarnos en qué consistió exactamente?
A: Sí. El 20 de abril de 2023, un grupo de personas acudimos a la sede central de CaixaBank en Zaragoza porque el banco quería desahuciar a una familia que no podía seguir pagando la hipoteca que había contraído con el banco. La PAH llevaba meses intentando negociar con la Caixa un alquiler social, pero ellos se negaban. Ese día, algunas personas entramos a la sede para solicitar una reunión con el responsable de Building Center, el fondo buitre asociado a CaixaBank. Permanecimos dentro de las oficinas repartiendo panfletos informativos en señal de solidaridad con Mariano, y esperando a que el responsable bajase para negociar con él. Después de un rato esperando, llegó la policía, que entró a la sede y se quedó un buen rato mirando, sin intervenir. Al cabo de media hora, nos ordenó salir, y salimos sin ofrecer resistencia. Nos identificaron a todos, nos retuvieron un rato y nos avisaron de que la Caixa probablemente nos denunciaría.
¿De qué os acusan?
H: CaixaBank nos acusa de haber cometido un delito de coacciones y de desórdenes públicos, y fiscalía se suma a la acusación de desórdenes públicos. Piden 3 años de cárcel por persona por lo primero, y unos 2.000 euros de multa para cada persona por lo segundo. Es irónico, porque coaccionar es emplear la violencia para obligar a alguien a hacer algo que no quiere, y ni hubo violencia, ni la Caixa cedió a paralizar el desahucio. Sin embargo, según el banco, protestar y tratar de negociar un alquiler social es una forma de coacción, mientras que echar a alguien de su casa para seguir alimentando beneficios millonarios, no. Lo mismo ocurre con los desórdenes públicos: desahuciar familias a diario, multiplicar el precio de los alquileres, obligar a la gente a hacinarse en viviendas minúsculas, no es una “perturbación del orden público”, pero organizar una concentración para defender el derecho a la vivienda puede hacerte acabar ante un juez.
"Según el banco, protestar y tratar de negociar un alquiler social es una forma de coacción, mientras que echar a alguien de su casa para seguir alimentando beneficios millonarios, no".
Casos como este evidencian que las leyes, la policía y los jueces están ahí para defender el derecho a la propiedad privada, y para mantener en su sitio a la clase trabajadora. Además, en los últimos años asistimos a un endurecimiento de la represión política y sindical. Por citar solo un ejemplo, el Gobierno del PSOE y Podemos promovió en 2022 una reforma del Código Penal que introducía el artículo 557 bis, destinado a criminalizar una de las herramientas más utilizadas por las PAHs tras la crisis: la protesta en el interior de sedes bancarias. Con este nuevo artículo, se eliminaba el requisito de “hacer uso de violencia o intimidación” para que una protesta en un local privado, como esta, fuese considerada delito. Es un ataque frontal al derecho a organizarse y hacer sindicalismo. Es importante plantar cara a estos ataques, porque de lo contrario acabamos normalizando la persecución de formas de lucha que antes estaban completamente normalizadas, y retrocedemos todas.
¿A qué creéis que se debe esta situación?
A: Como decíamos, esto que nos pasa no es un caso aislado. La represión contra el movimiento de vivienda, y contra otros movimientos sociales y políticos se ha agudizado en los últimos años. El movimiento de vivienda catalán acumuló en solo 4 años 300.000 euros en multas; las 8 de Guadalajara vivieron un proceso parecido al nuestro, con amenaza de cárcel, por una protesta contra Caixa; y las 6 de la Suiza han sido condenadas a tres años y medio de prisión por boicotear un establecimiento que había despedido a una trabajadora embarazada. También en nuestra ciudad es conocido el caso de los 6 de Zaragoza, que han cumplido penas de prisión por acudir a una manifestación antifascista, y algunos de hecho aún siguen presos. El gobierno del PSOE y Sumar quiere fingir que se preocupa por la gente, pero lo que hace es vender humo y reprimir a quienes luchan por el derecho a la vivienda, por los derechos laborales, por el fin del genocidio o contra la extrema derecha. En los últimos años, han promovido un aumento del presupuesto policial y militar, han sostenido reformas agravadas del código penal y han mantenido vigente la ley mordaza.
Por otra parte, este endurecimiento de la represión no es casual. Cuando los mecanismos ideológicos y las políticas redistributivas no bastan para contener a la clase trabajadora, y esta se organiza, los Estados capitalistas actúan a través de la policía, las leyes y las cárceles. En el ámbito concreto de la vivienda, vemos cómo los precios se han duplicado en los últimos 10 años, y cómo se siguen produciendo más de 80 desahucios al día. Los empresarios y rentistas son cada vez más ricos, mientras la clase trabajadora vive peor.
"Cuando los mecanismos ideológicos y las políticas redistributivas no bastan para contener a la clase trabajadora, y esta se organiza, los Estados capitalistas actúan a través de la policía, las leyes y las cárceles".
Por eso, el Gobierno recurre a la represión para garantizar que la rueda de los beneficios siga funcionando, intentando debilitar el tejido social que puede entorpecerla. Este giro autoritario es una tendencia que va más allá de la izquierda o la derecha, o de un país en concreto: se trata de una tendencia internacional en un contexto de crisis capitalista. Lo hemos visto con la consideración de terroristas a organizaciones palestinas en Reino Unido, o de una presunta organización “Antifa” por parte de Trump.
¿Cómo creéis que se debe responder a este incremento de la represión?
H: La retahíla de ejemplos puede hacer pensar a algunas personas que la solución es ser más prudentes y medir mejor nuestros pasos. Pero es al contrario: quedarnos calladas no va a reducir la represión, sino que la fortalece, y contribuye a empeorarla. Si la gente deja de organizarse y de protestar, los abusos del Gobierno, de la policía y de los jueces solo van a multiplicarse. Por eso es importante denunciar todos estos ataques y continuar ejerciendo el derecho a organizarnos y manifestarnos.
¿Cómo afrontáis el juicio del 30 y 31?
A: Nuestra estrategia ante el juicio se resume en contar lo que sucedió. No tenemos nada que ocultar, y hay vídeos que recogen lo sucedido: entramos, repartimos panfletos, reclamamos una reunión, y salimos. Es muy grave que esto pueda llegar a considerarse delito, y por eso defendemos la absolución de todas las personas encausadas.
Esto no significa que confiemos en que vayamos a ser absueltas por el hecho de que haya pruebas a nuestro favor. No sería la primera vez ni la última que pruebas absolutorias son ignoradas de manera flagrante. Un buen caso de ello lo tenemos cerca con los 6 de Zaragoza. Esto, en algunos momentos, puede generarnos cierta preocupación. Pero no hemos hecho nada malo, ni nada de lo que debamos avergonzarnos. Así que tenemos la conciencia tranquila y la cabeza bien alta, y sabemos que tenemos el apoyo de muchos colectivos y organizaciones que luchan por lo mismo que nosotras.
"Quedarnos calladas no va a reducir la represión, sino que la fortalece, y contribuye a empeorarla".
¿De qué manera puede solidarizarse la gente con vuestro caso?
H: Hay tres formas fundamentales de apoyar a las 19 personas que vamos a juicio esta semana. En primer lugar, es importante dar aconocer el caso, hablarlo con gente cercana, compartir la noticia en redes sociales y contribuir a visibilizarlo. En segundo lugar, necesitamos llenar la caja de resistencia para asegurar que, en caso de que caigan multas, nadie tenga que asumirlas individualmente. Por último, animamos a acudir a la concentración que se convocará el día 30 en los juzgados.También animamos a todo el mundo a organizarse y luchar. Necesitamos ser muchas más, estar organizadas y no dejarnos llevar por el miedo que tratan de inculcarnos. Tanto para enfrentar la represión, como el problema de la vivienda y el resto de conflictos sociales que nos atraviesan.
A propósito de esto último ¿Cómo veis la crisis de vivienda en la ciudad?
A: Como en el resto de ciudades, en Zaragoza tenemos un problema serio con el tema de la vivienda. Los precios del alquiler prácticamente se han duplicado en los últimos 10 años: un piso de 80 metros cuadrados que en 2014 valía 480€, ahora cuesta 880€. El precio de la vivienda en venta también está disparado, con lo cual, cada vez más gente se ve obligada a vivir de alquiler. Este fenómeno es todavía más grave en barrios obreros como las Delicias o Las Fuentes. Además, todo esto ocurre mientras los salarios reales decrecen.
También hay un problema importante de sinhogarismo. En Zaragoza tenemos casi 16.000 viviendas vacías, y 130.000 en todo Aragón. Sin embargo, hay cientos de personas viviendo en chabolas en el extrarradio o debajo de puentes como el de La Almozara, el de Santiago, o en la desembocadura del Huerva, donde el invierno pasado murió una persona. También hay cada vez más gente durmiendo a la intemperie en la calle. Esto está siendo un tema polémico últimamente, pero no porque las instituciones estén preocupadas por el bienestar de estas personas, no... sino porque da mala imagen. Y dará una mala imagen, pero es la imagen real de nuestra ciudad que quieren esconder detrás de los macrofestivales de lucecitas y flores. Además, muchas de estas personas que duermen en la calle, son trabajadores migrantes que curran como jornaleros en la fruta, en condiciones muchas veces de semiesclavitud, y ni con esas pueden acceder a una vivienda. Esta es la situación en Zaragoza: puede ser que te mates a trabajar y que ni aún así tengas garantizado el derecho a dormir a cubierto.
También en el resto de Aragón hay una crisis de vivienda importante. Sabemos que en el Pirineo están teniendo problemas serios de acceso a la vivienda y que la gente se está organizando. Hay gente viviendo en caravanas porque no es posible acceder a una vivienda a un precio asequible. Esto sí que es violencia, y no repartir panfletos o parar desahucios.
"Esta es la situación en Zaragoza: puede ser que te mates a trabajar y que ni aún así tengas garantizado el derecho a dormir a cubierto".
Las perspectivas de futuro para la gente como nosotras, de clase trabajadora, no son demasiado buenas. El Gobierno de España no está haciendo nada para abordar el problema. De vez en cuando sacan tal o cual ayuda que sirve para subvencionar indirectamente a los rentistas: en la práctica son paguitas que se reparten los mismos parásitos que se enriquecen a costa del resto. Además, tratan a la gente como si fuera tonta: la semana pasada se publicó un spot publicitario ambientado en 2055 que presenta a un grupo de abuelos que no pueden permitirse una vivienda propia, como si esto fuera una pesadilla del futuro cuando, en realidad, es la realidad cotidiana de la gente trabajadora, que ellos han contribuido a generar.
Por su parte, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento están tratando de impulsar una nueva burbuja inmobiliaria utilizando suelo público para repartirse el dinero entre sus amigos. Y por si fuera poco, los partidos de todos los colores, endurecen las leyes represivas para frenar al movimiento por la vivienda. Por eso creemos que es importante tomar partido y organizarse. Los cambios que necesitamos no van a caer del cielo, los tenemos que traer nosotras.
Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la situación actual del movimiento por la vivienda en la ciudad?
H: Actualmente, en la ciudad hay dos organizaciones centradas en la cuestión de la vivienda: el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. A raíz de las movilizaciones del año pasado, el movimiento ha adquirido visibilidad y se ha fortalecido, aunque todavía queda mucho por hacer.
La PAH está llevando a cabo trabajo antirrepresivo y campañas para sacar adelante a gente que no ha podido hacer frente a su hipoteca, y continúa con sus asesorías colectivas. A pesar de los intentos de desmovilizar a la plataforma mediante la represión, su actividad ha continuado. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas está realizando campañas como la de Nos Quedamos, a favor de la renovación de los contratos de alquiler que finalizan, llevando a cabo asesorías colectivas, y organizando a bloques de vecinos para enfrentarse colectivamente a la especulación. También han parado varios desahucios en el último año y han conseguido varias victorias sindicales. Ambos colectivos están demostrando que la organización funciona, y que es la única manera de hacer frente al negocio de la vivienda.
¿Alguna última reflexión o algo que añadir?
A: Agradecer a la gente que se moviliza porque eso es precisamente lo que no quieren CaixaBank y demás entidades responsables del drama que se vive en torno a la vivienda. Con la represión buscan lanzar un mensaje ejemplarizante para quitarle a la gente las ganas de organizarse y protestar, y así poder ellos hacer y deshacer sin que nadie oponga resistencia. Hay que demostrarles que no somos solo 19 personas, que somos muchas más, y que no nos van a callar.
