La provincia de Tarragona (Catalunya) continúa liderando el ranking de los desahucios en el Estado español. Durante 2024, se registraron 816 "lanzamientos" judiciales, es decir, más de dos cada día. En relación con la población, esto representa 92,5 desahucios por cada 100.000 habitantes, un dato que solo supera Girona, con 131.

El Colegio de la Propiedad Urbana de Tarragona vincula estas cifras al desequilibrio creciente entre oferta y demanda, pero la realidad es más clara: solo en Tarragona hay casi 88.000 viviendas vacías según el INE, 15.000 más que hace una década. Mientras tanto, los alquileres continúan subiendo y cada vez son más las familias que no pueden mantener su vivienda ni acceder a una nueva. Los jóvenes, por su parte, ven la emancipación como un hito inalcanzable.

Diversos colectivos, como el Sindicat d'Habitatge de Tarragona y el de Reus, denuncian negligencias administrativas en la tramitación de los alquileres sociales y señalan la inacción de la Generalitat y de la Agencia de Vivienda. También señalan el papel de los fondos buitre y de los grandes tenedores que mantienen pisos vacíos para especular con una necesidad básica. Todo ello agravado por el encarecimiento generalizado de la vida y la bajada del poder adquisitivo.

A pesar del “escudo social” —que suspende los desahucios a familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025— y de las nuevas medidas contra los desahucios, la crisis habitacional en Tarragona no se detiene. Las políticas públicas llegan tarde y son insuficientes, mientras el capital inmobiliario continúa dictando las reglas y especulando con una necesidad básica.