La vía urbanística, un nuevo acelerador de los desahucios
Cada vez más ayuntamientos recurren a "informes técnicos" para desahuciar a familias vulnerables.
En los últimos años, varios ayuntamientos pequeños y medianos han encontrado una nueva vía para desalojar a familias vulnerables en el Estado español: la disciplina urbanística. Mediante "informes técnicos" que declaran un inmueble en ruina o con conexiones irregulares, los consistorios pueden ordenar desahucios rápidas sin pasar por los largos procesos judiciales.
Esta estrategia, que se extiende por todo el territorio, permite expulsar a vecinos en situación precaria con criterios aparentemente "técnicos". Algunos ayuntamientos incluso impulsan oficinas para canalizar denuncias vecinales sobre "infraviviendas", reforzando la presión sobre las personas que no pueden pagar un alquiler.
Lejos de proteger a los residentes, el uso de esta vía blinda la propiedad privada y preserva el orden social ante el aumento de la precariedad. Horitzó Socialista recuerda que hace un año la Audiencia Provincial de Girona (Catalunya) autorizó a la Policía a intervenir de oficio en desalojos durante las primeras 24 horas de una ocupación, sin orden judicial, abriendo la puerta a una actuación policial más discrecional.
Partidos políticos de todo el arco parlamentario, instituciones y medios públicos —como 3Cat— contribuyen a normalizar y blanquear esta deriva bajo el relato de la "convivencia ciudadana". Mientras tanto, sigue sin abordarse la raíz de la crisis de la vivienda.
La vía urbanística como instrumento de desahucio es un síntoma de un modelo de ciudad capitalista, donde el espacio se diseña para la especulación, la inversión y el turismo, no para garantizar el derecho a vivir en él. La seguridad que falta, recuerda Horitzó Socialista, "no es urbanística ni policial: es llegar a fin de mes y tener un techo".
