El Gobierno portugués llama al "diálogo" tras convocatoria de huelga general
Sindicatos han convocado huelga general para el 11 de diciembre contra un paquete de más de 100 reformas que facilitan despidos injustificados y recortan bajas por maternidad y duelo.
El Gobierno conservador y en minoría de Portugal, liderado por Luís Montenegro, ha lanzado un llamado al "diálogo" con los sindicatos justo cuando estos, hartos de promesas, confirman una huelga general para el 11 de diciembre, según ha informado el periódico Expresso. El jueves 13 de noviembre, el ministro de Asuntos de la Presidencia del Consejo, Antonio Leitão Amaro, se presentó en una rueda de prensa para insistir en que el Ejecutivo está "involucrado en reuniones y conversaciones" con sindicatos y patronales, calificando la paralización como "prematura y contraproducente".
Sin embargo, esta retórica de conciliación suena a un juego de ilusionismo para muchos: la reforma laboral Trabalho XXI, anunciada en julio y que modifica más de 100 artículos del Código del Trabajo, ya ha desatado protestas masivas en Lisboa, donde 100.000 personas marcharon el pasado 8 de noviembre exigiendo su retirada total.
La unión de las dos principales centrales sindicales, la CGTP, más combativa, y UGT, conciliadora, representa un hito: es la primera huelga general conjunta en más de una década, evocando los fantasmas de la era troika (2011-2014). La reforma supone uno de los mayores ataques a la clase trabajadora en la historia reciente de Portugal: un desmantelamiento sutil que facilita despidos sin causa justificada en pymes, eliminando la necesidad de pruebas o testigos, levanta restricciones a la subcontratación y recorta bajas por aborto o duelo. Incluso reduce el tiempo de horarios flexibles para madres en periodo de lactancia, un retroceso que ignora la precariedad rampante en un país donde el 80% de los salarios brutos no superan los 1.500 euros mensuales.
El Gobierno argumenta que "flexibilizar" jornadas y despidos "equilibrará el mercado laboral". En cambio, se priorizan medidas que facilitan la precarización, como los "bancos de horas individuales" que permiten acumular horas extra sin compensación inmediata, o la expansión de sectores obligados a servicios mínimos en huelgas, limitando el poder de negociación sindical.
El primer ministro Montenegro, cuya Alianza Democrática carece de mayoría absoluta tras las elecciones de marzo, apuesta por esta confrontación para calmar a su base empresarial, pero arriesga un invierno de confrontración en la calle. La huelga no solo paralizará servicios públicos como transporte, sanidad o educación por 24 horas, sino que podría escalar si el proyecto llega al Parlamento sin concesiones reales. Organizaciones como la Fesap, afiliada a UGT, amenazan con "tomar las calles" si no hay marcha atrás.
