El Ayuntamiento de Martorell penaliza con multas de hasta 750 euros el acceso al agua de personas sin hogar
La alcaldía de Junts y PSC aprueba una ordenanza que prohíbe llenar recipientes en fuentes públicas, dirigida explícitamente contra personas en situación de calle.
El Gobierno municipal de Martorell (Barcelona, Catalunya), formado por Junts y el PSC, ha aprobado una modificación de ordenanzas que prohíbe "utilizar las fuentes públicas para acumular agua, usando garrafas, botellas o utensilios de cualquier tipo". Según la Cadena SER, la normativa impone sanciones de hasta 750 euros. El alcalde Xavier Fonollosa justificó la medida argumentando que esta práctica solo la realizan "los ocupas", en declaraciones recogidas por Nació Digital.
Organizaciones como Papers per a Tothom, la PAH del Baix Llobregat Nord y la CNT-AIT Martorell han denunciado que la medida afectará principalmente a personas que carecen de agua corriente en sus viviendas. En un manifiesto conjunto señalaron: "La única motivación para crear esta multa es castigar a las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio". Las entidades han creado la plataforma Aliança per l'Accés a l'Aigua y convocaron una protesta durante la aprobación de la normativa.
La ordenanza responde a una estrategia más amplia del consistorio que incluye denegar el acceso al padrón a personas que no tienen otra opción que vivir en ocupaciones, medida actualmente investigada por un juzgado barcelona por posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque la normativa catalana permite contratar suministros de agua sin título habilitante mediante contadores sociales, el ayuntamiento de Martorell no aplica esta posibilidad.
Lluïsa Moret, número dos del PSC en Catalunya, evitó criticar la medida y se limitó a declarar que "siempre hemos respetado la autonomía municipal". La oposición local, con tan solo tres concejales, no puede modificar una normativa impulsada por los 18 ediles del Gobierno de Junts y PSC, en un contexto donde estos partidos buscan contener la competencia electoral de la ultraderecha, comprando partes de su programa.
