Detienen al presidente del PP de Almería y al vicepresidente de la Diputación por una trama de comisiones
La UCO detecta un sistema de corrupción institucional con contratos amañados que se extiende desde la compra de mascarillas hasta otras adjudicaciones públicas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a siete personas, incluidos el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Giménez, ambos del PP, en una operación contra una presunta trama de corrupción en la contratación pública. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la investigación estudia posibles delitos de "cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales" en contratos de la institución provincial.
Los registros realizados en diez inmuebles, entre viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de empresas, forman parte de la segunda fase de una investigación iniciada en 2021 por la compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia. El Juzgado de Instrucción 1 de Almería señala en su auto que existen "sospechas fundadas" de que los investigados "facilitaron la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones".
La trama se habría extendido al Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde, Rodrigo Sánchez, también ha sido detenido. El juez instructor destaca que algunos de los detenidos participaron en la "canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero", lo que trazaría el blanqueo de capitales. El PP de Andalucía ha reaccionado con la "suspensión cautelar de militancia" de los tres cargos principales detenidos, y el PSOE trata de emplear el caso como contraataque en medio del 'caso Koldo' que asola a Ferraz.
La investigación mostraría el modus operandi de una estructura que habría utilizado tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Fines para desviar fondos públicos mediante contratos amañados. El juez ha ordenado medidas respecto al patrimonio de los investigados, incluyendo la prohibición de vender propiedades y vehículos, para evitar su descapitalización antes de determinar las responsabilidades penales.
