Murcia obliga a mujeres a esperar 48 horas en casa con el feto muerto por "proteger a médicos objetores"
El protocolo del hospital Virgen de la Arrixaca externaliza la extracción de fetos fallecidos y abandona durante dos días a las pacientes en el domicilio particular.
La Consejería de Salud de Murcia somete a las mujeres a una cruel práctica que las fuerza a permanecer 48 horas en sus domicilios con el feto sin latido en su vientre, todo por "proteger la objeción de conciencia de los médicos del Hospital Virgen de la Arrixaca". Según ha descrito Newtral.es, esta tortura psicológica institucionalizada externaliza el procedimiento inicial a clínicas privadas y luego abandona a las pacientes, priorizando el "bienestar moral" del personal sanitario que se niega a practicar interrupciones de embarazo sobre la salud física y mental de las mujeres.
Una fuente interna del servicio de Obstetricia reconoce que "la mayoría de los médicos son objetores" y que este mecanismo existe porque "cuando el feto viene sin vida digamos que el médico objetor no lo pasa tan mal". El sistema sanitario murciano convierte así a las mujeres en víctimas de una doble violencia: la médica y la institucional.
Los testimonios de las afectadas destapan la brutalidad de este protocolo. Dos mujeres que responden a los nombres ficticios de Laura y Sofía describen cómo vivieron "el infierno de sentir el cuerpo sin vida dentro de mí", atravesando "horas de angustia y dolor físico" en completo abandono sanitario.
La administración murciana ha convertido los derechos reproductivos en un campo de batalla ideológico donde las mujeres pagan el precio de las creencias conservadoras de los profesionales. Este protocolo sádico evidencia cómo el sistema sanitario puede ser instrumentalizado para infligir castigo, sufrimiento adicional y una auténtica tortura psicológica institucionalizada contra las mujeres obreras. La externalización de la extracción del feto y el período de espera en domicilio constituyen una doble barrera que traslada a las mujeres que no pueden costearse una intervención privada las consecuencias de la objeción de conciencia irrestricta, agravando el trauma de una interrupción gestacional, ya de por sí dolorosa.
