Santos Cerdán, sospechoso principal de "mordidas" del 2% por obras amañadas con Acciona
La UCO documenta que la empresa Servinabar, vinculada al exsecretario del PSOE, recibió 6,7 millones de Acciona por tres contratos públicos y pagó gastos personales de Cerdán.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, como el "enlace" que gestionaba el cobro de mordidas del 2% por obras públicas amañadas con la constructora Acciona. Según el último informe de la UCO al que ha tenido acceso EFE tras los registros de las sedes de la presunta empresa corruptora. Al parecer, la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, recibió 6,7 millones de euros de Acciona, representando el 75,33% de sus ingresos totales.
Los investigadores documentan que Servinabar y Acciona firmaban un "memorándum de entendimiento" antes de que se iniciaran los expedientes de obras públicas, seguido de contratos de servicios que garantizaban a la empresa navarra el "2 por ciento neto del importe de adjudicación". La Guardia Civil ha identificado esta operación en al menos tres adjudicaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, todas gestionadas durante el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
El informe muestra que los implicados adoptaban "medidas de seguridad" como comunicarse mediante "anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla durante videoconferencias" y utilizar aplicaciones de mensajería encriptada. Estos implicados serían Cerdán, el empresario Antxon Alonso y el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini. La UCO da por probado que Servinabar sufragaba gastos personales de Cerdán, incluyendo el alquiler de un ático en Madrid, vacaciones en Ibiza y Tenerife, y numerosos gastos corrientes de su familia.
En conversaciones intervenidas, Alonso mostraba "preocupación" por los elevados gastos de la mujer de Cerdán, sobre la que se referían de la siguente forma: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés". El caso, con amplio eco en medios y redes, vuelve a agitar el debate público sobre los mecanismos de corrupción institucionalizada que permitían a altos cargos del PSOE beneficiarse de contratos públicos mediante un sistema de comisiones ilegales.
