Máximo histórico de menores franceses encarcelados, pese al descenso de la "delincuencia juvenil"
La Defensora de los Derechos alerta que la degradación de los servicios sociales está sustituyendo la protección por la respuesta punitiva.
El Estado francés alcanzó a inicios de 2025 el número más alto de menores encarcelados desde que existen registros: 745 jóvenes privados de libertad, según datos del Ministerio de Justicia citados en el informe anual presentado el 19 de noviembre por la Defensora de los Derechos, Claire Hédon. El incremento contrasta con una tendencia general a la baja en el número de menores implicados en procedimientos penales.
El informe, citado por l'Humanité, describe la consolidación, desde las revueltas urbanas de 2023, de un relato que presenta a la juventud como "una amenaza", alimentado por la sobreexposición mediática de casos que no son representativos. Hédon señala que esa narrativa contribuye a una “demanda de respuesta represiva” y destaca un dato: los jóvenes percibidos como negros o árabes tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir controles policiales de identidad.
La institución recuerda que la justicia juvenil francesa se apoya desde la ordenanza de 1945 en un supuesto principio central: "proteger antes que castigar", con un supuesto objetivo "prioritario" de "reinserción". Hédon sostiene que este marco, considerado durante décadas un "consenso básico", se está quebrando por reformas aceleradas, procedimientos abreviados y debates sobre la edad penal. “Hoy este modelo está siendo cuestionado”, advierte.
Las conclusiones del informe apuntan que la mayoría de los menores que entran en contacto con la justicia acumulan vulnerabilidades sociales, más que un supuesto "aumento de la violencia juvenil", como pretenden presentar sectores conservadores y ultraderechistas. De los 1.600 jóvenes entrevistados, incluidos 250 ya judicializados, uno de cada dos estaba previamente bajo protección de la infancia.
La precariedad económica aparece como factor transversal, junto a trayectorias marcadas por experiencias escolares, familiares y sociales traumáticas. El documento identifica además un “continuum de violencia” —en la escuela, en la calle y en redes sociales— al que muchos estuvieron expuestos antes de cometer su primera infracción.
El documento subraya que la presión sobre el sistema judicial se agrava por la erosión de la red de apoyo social: menos educadores, servicios saturados, asociaciones sin recursos y miles de medidas judiciales sin ejecutar. A 1 de octubre de 2024, 4.200 medidas penales y 6.000 medidas de protección estaban pendientes de ser aplicadas por falta de personal y capacidad de seguimiento.
