Jóvenes migrantes españoles denuncian abusos laborales y viviendas precarias en Países Bajos
Trabajadores reclutados por agencias temporales relatan contratos trampa, sueldos inferiores a lo prometido y alojamientos insalubres.
Cientos de jóvenes del Estado español emigran cada año a los Países Bajos para trabajar en empleos mal pagados. La agencia EFE ha dado con algunos de ellos, que relatan las características de un mercado de trabajo dominado por agencias temporales que controlan a la vez contratos de trabajo y vivienda de trabajadores migrantes de la Unión Europea. Luis Pereira, trabajador galego de 26 años, explicó que la agencia frenó su registro municipal, retrasó trámites e incluso “escondía información”, dejándolo sin los derechos que otorga el empadronamiento. Según su testimonio, la empresa cerró su contrato antes de cumplir los cuatro meses que obligan a reconocerlo como residente, un mecanismo que lo mantuvo “totalmente desprotegido”.
Valentín Fuentes del Burgo, trabajador de Ciudad Real, describió un patrón similar: promesas de salarios que luego resultaron ser dos veces menos de lo prometido, extenuantes jornadas de carga física y un alojamiento que comparó con un “hostal destartalado”. Denunció que la agencia controlaba horarios, seguro médico y hasta el acceso a un doctor, y afirmó que en cuanto pasó unos días fuera con su madre, la empresa le bloqueó la entrada, dejándolo sin empleo ni vivienda. La federación sindical neerlandesa FNV estima que esta situación afecta a unos 800.000 trabajadores migrantes, principalmente europeos, empleados en horticultura, logística, construcción o mataderos.
El presidente del FNV, Dick Koerselman, asegura que toda esta dependencia que crean las agencias es “deliberada”: salarios bajos, deducciones elevadas, viviendas precarias y contratos breves que desbaratan derechos. Imágenes recopiladas por el sindicato muestran colchones sucios, chinches, hacinamiento, cámaras dentro de viviendas y habitaciones ubicadas en antiguos garajes.
La abogada hispano-neerlandesa Eva González Pérez, citada por El Confidencial, documenta desde 2022 patrones reiterados de horas de trabajo no pagadas, deducciones ilegales y bloqueo del registro municipal a trabajadores sin número de identificación, lo que los deja sin ningún acceso a servicios básicos, de forma similar a los trabajadores migrantes que residen en el Estado español. En algunos casos, describe González, se han llegado a registrar traslados diarios de más de 200 kilómetros entre el lugar de trabajo y residencia para impedir que los trabajadores se integren en su entorno o conozcan sus derechos. Además, las empresas también proceden con instrucciones directas a los trabajadores para mentir al ayuntamiento: "Les dicen que no digan que llevan más de cuatro meses".
La Inspección de Trabajo neerlandesa, por su parte, asegura desde hace años que "no logra controlar" a las 20.000 agencias temporales que operan en el país y que casi ningún caso termina en sanción. Todo ello, mientras crece el número de trabajadores migrantes sin hogar: ya son unas 10.000 personas, el 60% del total, según el Ejército de Salvación. Luis Pereira y Valentín Fuentes insisten en que “quien venga tiene que saber a qué se enfrenta”: un sistema en el que la empresa que contrata también decide la vivienda y en el que una queja puede traducirse, en sus palabras, en “perderlo todo en un día”.
