Rentistas empiezan a cobrar el 'tasazo' de basuras en nuevos contratos
La nueva ley obliga a que el coste lo asuma "quien contamina" y que debe "pactarse" en los contratos de alquiler.
La tasa de basuras, popularmente conocida como tasazo y regulada por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, se ha convertido en una fuente de conflicto entre rentistas e inquilinos en el Estado español. Según fuentes del sector consultadas por algunos medios de comunicación, muchos propietarios ya han comenzado a incluir en los nuevos contratos cláusulas que trasladan al inquilino el pago de este impuesto municipal, algo legalmente posible siempre que el contrato lo establezca expresamente y refleje el importe anual del tributo, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Sin embargo, fuentes jurídicas subrayan que si ese "acuerdo" no existe de forma expresa, no puede cargarse la tasa al inquilino. En caso de que exista un "acuerdo" sobre el papel, el arrendatario debe hacerse cargo incluso de incrementos surgidos por la nueva normativa. Esta circunstancia es el principal foco de las disputas actuales entre rentistas e inquilinos en esta materia, coincidiendo con subidas históricas del precio del alquiler.
El coste del tasazo varía según el municipio y puede oscilar entre 50 y 150 euros anuales. En algunos lugares, como Madrid, es típico que la notificación del cobro llegue directamente al inquilino, que debe trasladar el aviso al propietario, mientras que en otros la comunicación se dirige al domicilio fiscal del dueño.
El Gobierno y sus socios políticos tratan de excusarse de la situación promoviendo enmiendas a la ley de alquiler temporal para "impedir" que en contratos futuros se puedan incluir cláusulas que impliquen la repercusión al inquilino de impuestos y tasas no contempladas anteriormente, incluyendo el tasazo y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Sin embargo, aunque dicen que la medida cuenta con "amplio apoyo parlamentario", lo cierto es que no consideraron esta situación a la hora de impulsar y aprobar la ley en sí, que ya está afectando en el bolsillo de varios inquilinos. Además, la enmienda provoca resistencias por parte de propietarios y sectores inmobiliarios, que intentan cargar todos los impuestos que pueden sobre los inquilinos, que ya están afrontando precios históricos por tener un techo.
