El movimiento de vivienda de Catalunya alerta que el fin de la moratoria acelera los desahucios
La Taula Sindical d’Habitatge exige la paralización total de los desahucios y la prohibición de compras especulativas; acusa rentistas, jueces e instituciones públicas de alimentar la emergencia residencial.
La Taula Sindical d’Habitatge de Catalunya ha ofrecido una rueda de prensa este jueves por la mañana en la Plaça Sant Jaume de Barcelona, ante las sedes de la Generalitat y el Ajuntament. En la rueda de prensa, la PAH, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, COSHAC y el Sindicat de Llogateres y Llogaters han leído un manifiesto conjunto donde alertan de que la moratoria de desahucios vinculada al Real Decreto 11/2020 —que expira el próximo 31 de diciembre— no ha frenado la situación estructural de expulsión residencial.
En un cartel difundido, advierten que cada día hay 25 hogares que enfrentan desahucios, y que la moratoria “solo ha detenido uno de cada cuatro”. Denuncian que la aplicación de la medida está siendo “muy restrictiva” por parte de jueces y comitivas judiciales. De hecho, las organizaciones del movimiento de vivienda sostienen que, sobre el terreno, los desalojos van acompañados de dispositivos policiales “cada vez más grandes”, “los rentistas y especuladores se niegan a negociar”. Señalan que la retirada de la moratoria, por añadido, acelerará aún más los procesos de expulsión, con cifras que podrían volver a los niveles más graves de la crisis hipotecaria.
Las organizaciones remarcan que, quince años después de aquel periodo, el acceso a la vivienda no ha mejorado para amplias franjas de la población, pese a las victorias parciales del sindicalismo de vivienda. En su manifiesto, denuncian que las instituciones públicas “se han negado reiteradamente” a aplicar medidas efectivas para garantizar el derecho a la vivienda. Evidencian que la vivienda sigue tratándose como una mercancía y que las leyes e instituciones operan en beneficio de rentistas y especuladores, en un contexto atravesado por el crecimiento del negocio inmobiliario, los alquileres inasumibles y la entrada masiva de fondos de inversión y capital extranjero.
"Complicidad institucional"
El texto también apunta a la “complicidad” de instituciones y sectores del aparato judicial, a los que acusan de aplicar criterios restrictivos que favorecen a propietarios e intermediarios frente a familias sin alternativa residencial. El manifiesto identifica a especuladores y rentistas como responsables directos de la dificultad crónica para acceder a una vivienda digna y califican de “hipocresía” los discursos públicos que afirman que el derecho a la vivienda es compatible con las actividades de negocio. Jueces, comitivas judiciales y colegios profesionales aparecen retratados por el movimiento de vivienda como actores que operan “como lobby” del sector inmobiliario.
Reivindicaciones
Ante este escenario, la Taula Sindical d’Habitatge reclama medidas estructurales. Entre ellas, “la paralización indefinida de todos los desahucios de personas sin alternativa residencial” y la prohibición de las compras especulativas, a las que atribuyen el aumento de precios y la intensificación de la dificultad de acceso. El movimiento de vivienda afirma que trabajará por bajar de verdad los precios de la vivienda y devolverla al “servicio del pueblo”. En su llamamiento final, instan a la clase trabajadora a organizarse, reforzar los colectivos que luchan por el derecho a la vivienda y continuar movilizándose “ante cada casa que quieran desahuciar”.
🔵 Roda de premsa de la Taula Sindical d'Habitatge sobre la finalització de la moratòria.
— Sindicat Habitatge Socialista de Catalunya (@SindicatHabSC) November 27, 2025
Avui els agents del moviment per l'habitatge fem un pronunciament conjunt sobre el recorregut i les implicacions que tindrà aquesta finalització.
Construïm sindicats de classe amplis! pic.twitter.com/EpYALOfq1k
