El sangriento legado de la Falange
Desde el pistolerismo al aparato represivo del franquismo, la Falange Española dejó decenas de miles de víctimas en todo el Estado español.
La Falange Española, organización fascista fundada en 1933 e inspirada en el modelo mussoliniano, fue elevada a partido único del régimen franquista en 1937 mediante el Decreto de Unificación impuesto por Franco. Convertida en FET y de las JONS, operó hasta su disolución formal en 1977 como el brazo paramilitar, represor y de control social predilecto del fascismo español. Aunque formalmente fuera disuelta, hoy en día existen varios grupos y organizaciones que reivindican su herencia y nombre. Su legado, sin embargo, no es sino una violencia sistemática que dejó decenas de miles de muertos en las filas de la clase obrera.
De los mayores verdugos de la historia moderna del Estado español
Antes del estallido de la Guerra Civil española, entre febrero y julio de 1936, la Falange ya había desatado una ola de violencia callejera contra militantes de izquierda, causando un mínimo de 64 muertes confirmadas. Un caso paradigmático ocurrió el 8 de marzo de ese año, cuando cuatro pistoleros falangistas asesinaron al militar y miembro del PSOE Gabriel Faraudo en Barcelona.
Entre julio de 1936 y abril de 1939, la Falange escaló su participación en el aparato represivo del bando sublevado, con estimaciones que le atribuyen entre 10.000 y 15.000 muertes directas a través de “paseos” y fusilamientos. En Galiza, por ejemplo, la represión falangista asesinó a entre 3.588 y 5.651 personas, de las cuales 1.911 (53,3%) ocurrieron en asesinatos sin proceso judicial. Otros ejemplos llamativos son el de Sevilla, bajo el mando de Queipo de Llano, cuyas brigadas falangistas ejecutaron a más de 10.000 civiles, o el de Badajoz, donde Yagüe mando matar a entre 1.800 y 4.000 civiles.
Durante la posguerra (1939-1950), la Falange consolidó su rol represor, participando en muchas de las 50.000 ejecuciones estimadas en este período dentro del terror sistemático del régimen. Las muertes en retaguardia durante la guerra alcanzaron entre 100.000 y 130.000, con un consenso historiográfico que sitúa las cifras de la represión letal fascista entre 130.199 y 150.000 muertos en total. Estas cifras, en gran medida atribuibles a la Falange, la situarían como una de las organizaciones políticas con más asesinatos cometidos en la historia moderna del Estado español. La magnitud de esta violencia, planificada y ejecutada con frialdad, cumplió además con su doble objetivo; eliminar físicamente a la mayor cantidad de disidentes posibles, e instaurar un régimen de terror entre la población civil.
La Falange como aparato represivo y de control social
La organización operaba con una estructura jerárquica y paramilitar en los pueblos, implantando un sistema masivo de vigilancia mediante fichas personales que cubría a cada vecino, registrando datos exhaustivos como afiliaciones políticas previas. Estos informes eran imprescindibles para trámites cotidianos: obtener trabajos, permisos de traslado, vivienda o cualquier gestión administrativa, dejando a los ciudadanos “bloqueados laboralmente” sin un certificado favorable. Un ejemplo concreto se ve en Lleida (Catalunyua), donde el Archivo Histórico conserva más de 34.000 fichas del Servicio Social de la Sección Femenina, rama falangista que obligaba a mujeres solteras de entre 17 y 35 años a cursos de “enderezamiento moral” para acceder a títulos, pasaportes o carnés de conducir.
Las Delegaciones de Información e Investigación (DII) de Falange centralizaban esta red, participando en la depuración de ayuntamientos y filtrando candidatos para cargos públicos. Ejercían una dura represión sobre maestros, normalizando la delación como “obligación moral y patriótica”, y prohibían a liberados de campos de concentración retornar a sus municipios. Este control se extendió durante las casi cuatro décadas del régimen, vigilando incluso a afiliados falangistas mediante registros de asistencia a reuniones. La Brigada Político-Social, aliada con el Servicio de Información de Falange, generó unas 100.000 fichas políticas para perseguir opositores, complementadas por incautaciones y documentos fabricados para incriminar a “rojos”.
El partido fascista aseguró su presencia en todos los escalones administrativos, logrando una “plácida madurez funcionarial” incluso en “pueblos perdidos de Castilla”. En la posguerra, sus informes se sumaban a los de la Guardia Civil, creando así las "pruebas" que permitían a sus jefes locales dictar condenas, muchas de ellas de muerte, en consejos de guerra. Esta maquinaria, que permeó la vida diaria, no solo reprimió, sino que moldeó una sociedad atemorizada.
Matanzas documentadas
Extremadura
La Masacre de Badajoz, que tuvo lugar entre el 14 y el 15 de agosto de 1936, representó uno de los episodios más brutales, donde las fuerzas sublevadas bajo el mando del general Juan Yagüe, con una activa participación de milicias falangistas, ejecutaron a unas 4.000 personas, muchas de ellas civiles desarmados, con una violencia extrema que se extendió por toda la provincia y superó las 6.000 víctimas en total. Un corresponsal extranjero, el periodista estadounidense Jay Allen, que visitó la zona poco después, testificó en su crónica para el Chicago Tribune que "4.000 hombres y mujeres han muerto" en apenas unos días, una declaración que contribuyó a internacionalizar el horror y que le valió a Yagüe el siniestro apodo de "El Carnicero de Badajoz" por su despiadada dirección de la operación.
El epicentro de esta matanza fue la plaza de toros de la ciudad, convertida en un improvisado campo de exterminio donde miles de prisioneros, entre ellos milicianos republicanos, simpatizantes de izquierda y hasta simples vecinos sospechosos, fueron fusilados en grupos de 20 para "agilizar" el proceso, con los cuerpos apilados y posteriormente incinerados en el cercano cementerio de San Juan para eliminar evidencias y evitar epidemias. Además, las tropas marroquíes y legionarias, conocidas como "regulares" africanos, junto con milicianos falangistas, recibieron permiso explícito para dos horas de saqueo indiscriminado, durante las cuales cometieron violaciones masivas, mutilaciones a heridos aún vivos y robos en hogares y comercios, dejando un rastro de destrucción que marcó la ciudad durante años y que fue documentado en informes posteriores como los del historiador Paul Preston en su conocida obra El holocausto español.
En Montijo, un pueblo de Badajoz con unos 11.100 habitantes en 1936, las autoridades falangistas emitieron una orden explícita de fusilar al 1% de la población, lo que equivalía a 111 personas seleccionadas por su supuesta afinidad republicana, en una campaña de terror dirigida por falangistas locales y el cura del pueblo, que participó activamente en las delaciones y ejecuciones.
Andalucía
En Sevilla, entre 1936 y 1939, la Falange asesinó, como mínimo, a 11.694 civiles, muchos de ellos ejecutados sumariamente en "paseos" nocturnos o en fosas improvisadas, con una intervención directa de brigadas falangistas como la liderada por Pablo Fernández Gómez, quien personalmente reconoció haber cometido al menos 800 asesinatos. El general Gonzalo Queipo de Llano, que controlaba la región con mano de hierro desde su golpe exitoso en julio de 1936, emitió órdenes explícitas como la de fusilar a cinco civiles por cada víctima causada por bombardeos republicanos, una medida de represalia colectiva que exacerbó el terror y que no se reflejó en los datos oficiales del régimen, que admitían solo 7.963 fusilados y 2.159 desaparecidos hasta septiembre de 1938, además de unas 700 ejecuciones adicionales en la segunda mitad de 1937.
En realidad, historiadores como Francisco Espinosa estiman que las cifras reales superaron ampliamente estas, con ejecuciones masivas en barrios obreros y pueblos cercanos, donde la Falange colaboraba en la identificación y detención de "rojos" para purgar cualquier atisbo de oposición. En su Informe sobre la represión franquista Estado de la cuestión (2008), extiende el análisis a la II División completa y haciendo una estimación conservadora, llega a más de 20.000 asesinados en toda la región.
En el pequeño municipio de Fuentes de Andalucía, durante los meses de julio a septiembre de 1936, justo tras el triunfo inmediato del golpe militar en la zona, se fusiló a 116 personas: entre las víctimas figuraban 16 mujeres mayores de 25 años, 9 mujeres menores de esa edad, 71 hombres mayores de 25 y 20 hombres más jóvenes, muchos de ellos jornaleros o afiliados a sindicatos de izquierda, ejecutados en grupos por falangistas locales tras tomar el control del pueblo.
En Granada, la fosa común del barranco de Víznar albergó unas 3.000 ejecuciones durante la guerra, un lugar de horror sistemático donde se enterraron víctimas de las "escuadras negras" falangistas, incluyendo el asesinato del poeta Federico García Lorca en la madrugada del 18 de agosto de 1936.
Castilla
La Masacre de Toledo no fue un evento aislado, sino una represión prolongada que se extendió desde 1936 hasta 1947, dejando un saldo de 1.783 represaliados enterrados en el cementerio municipal, de los cuales 783 permanecen sin identificar debido a la destrucción deliberada de registros por parte del régimen. El pico de violencia ocurrió en apenas 24 horas entre el 27 y el 28 de septiembre de 1936, coincidiendo con la ocupación del Alcázar por las tropas franquistas, lo que desató una venganza inmediata contra civiles y milicianos republicanos, con ejecuciones en masa que continuaron en la posguerra a través de consejos de guerra sumarísimos.
Un caso adicional en esta oleada de violencia fue el fusilamiento de cinco maestros por falangistas en Cobertelada, Soria, el 25 de agosto de 1936, donde profesores como Elicio Gómez Borrego y Victoriano Tarancón fueron sacados de prisión y tiroteados "como en una cacería". Fueron inmediatamente enterrados clandestinamente hasta su exhumación en 2016.
En Valladolid, durante los meses más sangrientos de 1936, la Falange, bajo el mando directo del líder fascista Onésimo Redondo, organizó la tristemente célebre “patrulla del amanecer”. Cada madrugada, un camión salía del cuartel de la calle Santiago, entraba en las prisiones y sacaba a decenas de detenidos, maestros, alcaldes republicanos, sindicalistas, comunistas o simples vecinos señalados, sin juicio ni orden escrita. Los llevaban a los pinares de Antequera o al monte El Rebollar, los alineaban junto a una cuneta y los fusilaban.
El ritmo fue brutal: entre 35 y 45 personas asesinadas cada día, a veces más de 40, durante julio, agosto y septiembre. En apenas cuatro meses (julio-octubre de 1936), la Falange vallisoletana ejecutó extrajudicialmente a más de 1.600 personas solo en la capital y su entorno inmediato, y superó las 2.500 en toda la provincia si se incluyen los pueblos.
Galiza
En Galiza, de 1936 a 1939, entre 3.588 y 5.651 personas fueron ejecutadas, con un 53,3% de ellas (1.911 casos) sin ningún proceso judicial, otras 945 se produjeron tras "procesos militares formales", 391 fueron ejecuciones sumarias y 240 ocurrieron en prisiones por torturas o enfermedades. El año 1936 fue el más letal, con 2.010 muertes concentradas mayoritariamente entre agosto y octubre, afectando sobre todo a jóvenes, con 1.397 víctimas, en una región donde el golpe triunfó rápidamente y la Falange colaboró en la purga de intelectuales, sindicalistas y militantes, según proyectos de investigación como As vítimas, os nomes, as voces e os lugares de la Universidad de Santiago de Compostela.
Fuentes
Paul Preston, El holocausto español (2011)
Francisco Espinosa Maestre, La columna de la muerte (2003)
Conxita Mir, Represión y control social en la posguerra (2008)
Ángel Viñas, La represión franquista (2009)
Javier Rodrigo, Hasta la raíz: violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (2008)
Thomàs (2019)
Muñoz Bolaños (2018)
Salgado (2025)
De Lucas (2024)
Marco (2023)
Público (n.d., Queipo crimes)
Todos los Nombres (Queipo de Llano, 2022)
Todos los Nombres (Víctimas Sevilla, n.d.)
Ser Histórico (2023)
Documentalismo Memorialista y Republicano (2025)
Del Río (2022)
La Voz de Galicia (2008)
El Salto Diario (2018)
