La Comisión Europea recibe planes de inversión militar por 150.000 millones bajo el programa SAFE
19 países de la UE pedirán préstamos para compras conjuntas de armamento; entre ellos el Estado español, con 1.000 millones.
La Comisión Europea ha confirmado la recepción de los planes de inversión militar de los 19 Estados miembros que solicitarán préstamos del programa SAFE, un mecanismo de financiación de 150.000 millones de euros para compras militares conjuntas. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, anunció en la red social X que todos los países presentaron sus respectivos programas y que 15 incluyeron ayudas para Ucrania, lo que calificó de "más de lo esperado". Según los datos difundidos, los principales beneficiarios serán Polonia (43.734 millones), Rumanía (16.680 millones), el Estado francés (16.216 millones) e Italia (14.900 millones), mientras el Estado español y Finlandia recibirán 1.000 millones cada uno.
El programa, presentado como "vital para la preparación de la defensa de la UE y nuestra base industrial" por Kubilius, establece que al menos el 65% de cada sistema de armas debe fabricarse en Europa para poder acceder a la financiación. Las categorías prioritarias incluyen municiones y misiles, sistemas de artillería, drones, defensa aérea y antimisiles, capacidades navales, ciberdefensa e inteligencia artificial aplicada a la guerra. Kubilius destacó en septiembre que los objetivos se basan en "las capacidades asignadas por la OTAN a sus aliados", enfocándose en "todas las armas necesarias para la disuasión".
Esta movilización financiera masiva consolida la transformación de la Unión Europea en un actor militar integrado, con un presupuesto bélico que rivaliza con los mayores programas militares estatales. La condicionalidad del contenido europeo muestra, a la par, una estrategia de "proteccionismo industrial militar", donde los fondos públicos se orientan a fortalecer un complejo militar-industrial continental mientras se externalizan los costes mediante deuda común. El programa SAFE institucionaliza la financiación colectiva de la carrera armamentística, vinculando estrechamente los intereses de la industria militar con las políticas de "seguridad" de la UE bajo la lógica de la "guerra económica".
