Deutsche Welle informa de que Nueva Delhi ha dado este miércoles marcha atrás y ha retirado la orden que obligaba a todos los fabricantes de móviles a preinstalar de forma permanente la aplicación gubernamental Sanchar Saathi en los 735 millones de smartphones existentes en el país. Lo que el 28 de noviembre era una directiva confidencial del Departamento de Telecomunicaciones, con amenaza de sanciones millonarias y retirada de equipos para las empresas que no cumplieran, se ha convertido en menos de una semana en una "recomendación voluntaria" que el propio Gobierno presenta ahora como un "éxito de participación ciudadana".

La aplicación, desarrollada por el Ministerio de Comunicaciones, permite verificar el IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) que funciona como una especie de matrícula del dispositivo, y permite bloquear teléfonos, consultar cuántas líneas están a nombre de cada persona y denunciar fraudes telefónicos. El problema estalló cuando el Ejecutivo decidió que tenía que estar preinstalada, visible desde el primer encendido y, sobre todo, imposible de desactivar o desinstalar, incluso mediante actualizaciones forzosas en móviles ya vendidos.

La reacción fue inmediata. El opositor Partido del Congreso habló abiertamente de “herramienta distópica” y “Gran Hermano indio”. Expertos en privacidad advirtieron que, para funcionar sin que el usuario pudiera tocarla, la app necesitaría permisos de sistema que "ningún fabricante concede a terceros sin romper sus propias políticas de seguridad". Apple ya había dejado claro en privado que no lo aceptaría; Samsung y Xiaomi tampoco veían forma de cumplir sin enfrentarse a demandas o boicots. En redes sociales estalló la etiqueta #NoToSancharSaathi y en 48 horas la aplicación sumó decenas de miles de reseñas negativas en Google Play.

El Gobierno ha terminado cediendo este 3 de diciembre con un comunicado que evita cualquier autocrítica: celebra que en un solo día se registraron 600.000 nuevos usuarios y asegura que el “entusiasmo ciudadano” hace innecesaria la imposición. Modi pretende así vender este contratiempo como una victoria y evitar el debate sobre su autoritarismo rampante. El ministro Jyotiraditya Scindia ha insistido en que siempre fue “voluntaria”, una versión que choca frontalmente con el texto original de la orden, que hablaba de plazos, informes de cumplimiento y castigos.