Ribera Salud despidió a cuatro directivos por denunciar la orden de alargar las listas de espera
Los cuatro fueron despedidos el día después de tramitar sus denuncias, que fueron archivadas solo un mes más tarde, sin tomar ninguna medida. Tras la filtración de los audios, Ribera anuncia una auditoría "en profundidad".
El grupo Ribera Salud, concesionario privado del Hospital público Universitario de Torrejón de Ardoz, ha desatado una controversia profunda al despedir a cuatro directivos clave que utilizaron el canal ético interno para denunciar instrucciones directas del consejero delegado, Pablo Gallart, destinadas a inflar las listas de espera y descartar procedimientos médicos no rentables.
Estos ceses, ocurridos en octubre, se produjeron apenas días después de las quejas formales, lo que deja en evidencia la absoluta falta de independencia del mecanismo de denuncias éticas en una entidad que gestiona un servicio público financiado con fondos autonómicos. Los audios de una reunión del 25 de septiembre, filtrados y publicados recientemente, capturan a Gallart instando a una veintena de mandos a "desandar el camino" de las reducciones de esperas logradas en 2022 y 2023, con el objetivo explícito de sacar la mayor rentabilidad posible a cada paciente, argumentando una "elasticidad directa" entre demoras y resultados financieros.
Las denuncias ignoradas
Las denuncias detallaban prácticas que, según los afectados, vulneraban derechos fundamentales de los pacientes y el contrato concesional con la Comunidad de Madrid. Pilar Navarro, gerente del hospital en ese momento, presentó la primera alerta el 22 de octubre, advirtiendo de la "vulneración de los derechos de los pacientes" al priorizar a enfermos "no cápita", es decir, externos que generan pagos adicionales sobre los asignados por cupo fijo al centro, que atiende a unas 150.000 personas. Dos días después, fue despedida por "pérdida de confianza".
El 26 de octubre, otros tres directivos, Carlos Catalán (director médico), María Josefa Soriano (directora de enfermería) y José David Zafrilla (responsable de calidad y experiencia del paciente), elevaron una queja similar, señalando órdenes para atender consultas de pacientes "cápita" sin proceder a cirugías, lo que derivaría en demoras intencionadas y traslados a otros hospitales. Además, se suspendía la diálisis peritoneal para los "no cápita" por su alto coste, contraviniendo la ley de libre elección sanitaria madrileña, y se impulsaba otra cirugía externa con un mayor coste de lo necesario. Al día siguiente, los tres fueron cesados bajo la excusa de la "pérdida de confianza".
Sin responsables
El departamento de 'Cumplimiento Normativo' de Ribera Salud archivó las denuncias casi un mes después, una vez consumados los despidos, concluyendo que no había "evidencias de incumplimiento del contrato concesional ni de la normativa aplicable". Esta dilación y cierre rápido del caso interno ha sido criticado como un mecanismo para encubrir irregularidades, especialmente en un contexto donde el hospital acumula deudas de 124 millones de euros en 2022, pese a recibir 88 millones adicionales en los últimos cinco años y un rescate de 32,7 millones en julio de 2024 para equilibrar gastos no previstos, como los farmacéuticos, precisamente uno de los elementos que Gallart ordenó revisar por su "impacto en la rentabilidad".
La filtración de los audios provocó una reacción en cadena: horas después, Gallart solicitó desvincularse de la gestión del hospital "para garantizar los valores y la ética" del grupo, aunque retiene su cargo de CEO, mientras Ribera anuncia una auditoría "en profundidad" para verificar el cumplimiento de estándares éticos y legales. La Consejería de Sanidad convocó una reunión urgente con la cúpula de la empresa y envió un equipo multidisciplinar al centro para inspeccionar la prestación de servicios, afirmando que "no tolerará prácticas que perjudiquen el acceso a la asistencia sanitaria" y que actuará para asegurar "la igualdad en la atención". Sin embargo, la ausencia de hallazgos inmediatos por parte de la administración autonómica genera escepticismo, dado el historial de inyecciones financieras sin apenas ningún control.
