El PSOE ignora las denuncias a Salazar y prioriza el silencio interno
La dirección federal busca zanjar el escándalo sin remitirlo a la Fiscalía, y convoca reuniones de urgencia para "aclarar dudas", pidiendo "calma y paciencia".
El PSOE se encuentra sumido en una crisis interna tras revelarse la pésima gestión de denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en La Moncloa y figura clave en la ejecutiva federal. Dos militantes presentaron quejas en julio a través del canal interno antiacoso, detallando comportamientos vejatorios como comentarios obscenos, simulaciones de actos sexuales y presiones para encuentros privados, pero estas denuncias "desaparecieron temporalmente del sistema", sin que el partido contactara a las víctimas durante cinco meses.
Esta "ofuscación del sistema", como la ha calificado la dirección federal, ha sido atribuida a un "fallo técnico", aunque militantes lo ven como una maniobra para priorizar la protección de cargos a la protección de las mujeres. La portavoz socialista, Montse Mínguez, insistió en que el expediente permanece abierto pese a la baja de Salazar como militante la semana pasada, pero la falta de avances ha generado un malestar generalizado que amenaza con fracturar al partido en vísperas de campañas electorales clave.
"Calma y paciencia"
La presión se ha intensificado con voces "disidentes" dentro del PSOE, como la de Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y exvicesecretaria general, quien exigió este jueves que la comisión antiacoso remita "de manera inmediata" los hechos a la Fiscalía, al tratarse de "violencia contra las mujeres". Otras secretarias de Igualdad en federaciones como Asturies y València secundan esta demanda, argumentando que el Ministerio Fiscal puede actuar de oficio ante indicios de delito, sin necesidad de autorización expresa de las denunciantes anónimas, contardeciendo así a la dirección, quien afirma lo contrario.
Sin embargo, la dirección en Ferraz, liderada por Rebeca Torró en Organización y Pilar Bernabé en Igualdad, defiende que requiere consentimiento de las afectadas y convoca reuniones de urgencia para "aclarar dudas", pidiendo "calma y paciencia" mientras insta a evitar declaraciones públicas "que compliquen la investigación". Esta estrategia de contención ha sido criticada como un intento de dilatar el proceso, especialmente cuando el protocolo interno establece plazos de hasta seis meses que ya se han sobrepasado.
El caso de Torremolinos
A esta tensión se suma un nuevo escándalo en Andalucía que ilustra las deficiencias del mismo mecanismo: la denuncia contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, por presunto acoso sexual a una militante. La víctima, que inicialmente recurrió al canal antiacoso en junio y octubre sin recibir respuesta satisfactoria pese a que la comisión tomó declaraciones, optó por ir directamente a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga el 10 de noviembre, aportando mensajes de WhatsApp desde 2021 con insinuaciones explícitas como "No me esquives, que te quiero meter ficha", "Estás muy buena" o "Iré depilado por si tienes un desliz", intercalados en conversaciones sobre política municipal. La denunciante describe un ambiente "intimidatorio y humillante", agravado por tocamientos no consentidos en su despacho, y expresa temor a represalias físicas.
A diferencia del caso Salazar, aquí la investigación interna avanzó hasta permitir alegaciones, pero sin resolución final después de cinco meses, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir diligencias preprocesales. El PSOE de Málaga ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar de Navarro si se formalizan las diligencias, rechazando cualquier vínculo con él, pero el retraso cuestiona la efectividad del órgano federal, que Bernabé presume como "garantista" y "pionero" entre los partidos.
