La UE endurece aún más su política migratoria con centros de deportación externa
A pesar de críticas por vulnerar derechos humanos, los Veintisiete priorizan devoluciones rápidas y recortan ayudas a los países del sur.
Los ministros de Interior de la Unión Europea han alcanzado este lunes en Bruselas un acuerdo que marca un nuevo giro restrictivo en la política migratoria comunitaria, aprobando normas para agilizar las devoluciones de solicitantes de asilo rechazados y validando una primera lista de países de origen considerados "seguros". Esta medida, que aún requiere la validación del Parlamento Europeo, elimina la necesidad de demostrar una "conexión" entre el migrante y el país de retorno, facilitando expulsiones a terceros estados sin vínculos previos. Aunque el objetivo declarado sea "reducir incentivos para viajes irregulares y desmantelar redes de tráfico", críticos advierten de riesgos jurídicos y de derechos humanos, cuestionando si estas reformas respetan el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Migratorio de 2023, que aún no se aplica íntegramente.
El paquete incluye la creación de "centros de retorno" fuera del territorio de la UE, un modelo que evoca el fallido plan británico de Ruanda y el controvertido acuerdo italiano con Albania, bloqueado parcialmente por los tribunales. Fuentes diplomáticas destacan que esta externalización podría extenderse a países como Uganda o Ruanda, con Austria ya explorando instalaciones en África para alojar a solicitantes rechazados, principalmente somalíes, según documentos filtrados.
En paralelo, los Veintisiete han pactado un "fondo de solidaridad" para 2026 que beneficia al Estado español, Italia, Grecia y Chipre, declarados bajo "presión migratoria" por la Comisión Europea. No obstante, las cifras finales se han reducido a 21.000 reubicaciones o 420 millones de euros en contribuciones financieras, por debajo de los 30.000 y 600 millones propuestos inicialmente, justificado por "el inicio parcial del Pacto" el 12 de junio de 2026.
La lista de países "seguros" incorpora a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, y Túnez, extendiéndose presumiblemente a candidatos a la adhesión como Turquía, Albania o Serbia. Esta designación acelerará denegaciones de asilo y retornos, planteando a su vez interrogantes sobre la seguridad de estas personas: informes de Amnistía Internacional han documentado abusos en centros de Marruecos y Egipto.
