El Consejo de la Unión Europea ha adoptado esta semana su posición negociadora sobre el nuevo reglamento de retornos, un pilar del Pacto sobre Migración y Asilo que entrará en vigor en junio de 2026. Entre las novedades, recogidas por el medio Il Manifesto, se encuentra el artículo 23, que introduce mecanismos para "garantizar repatriaciones eficaces", permitiendo a las autoridades registrar a ciudadanos de terceros países, sus domicilios u "otros locales pertinentes", analizar y confiscar efectos personales, dispositivos electrónicos y objetos relevantes, e imponer medidas de investigación, todo ello sin requerir el consentimiento del afectado. 

El texto incluye además una disposición que obliga a las personas en procedimiento de retorno a “cooperar plenamente” con las autoridades. En caso contrario, los Estados miembros podrán imponer penas de cárcel. Diversas ONG alertan de que esta cláusula convierte la falta de cooperación, como no proporcionar datos sobre identidad o nacionalidad, en un delito, contraviniendo el principio de no penalización por motivos de irregularidad administrativa.

Esta propuesta, presentada inicialmente por la Comisión Europea en marzo de 2025 y complementada por el Consejo en la reunión de ministros del Interior del 8 de diciembre, se enmarca en un endurecimiento general de las políticas migratorias, impulsado por presiones de gobiernos como el de Giorgia Meloni en Italia, y evoca las tácticas de redadas de la agencia ICE en Estados Unidos bajo la administración Trump.

Ambigüedad deliberada

Silvia Carta, abogada oficial de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), advierte que el artículo no especifica si estas redadas se limitarán a personas ya identificadas en situación irregular o se extenderán a búsquedas proactivas en lugares sensibles, como domicilios privados, iglesias, tribunales o centros gestionados por ONGs. "Permitir entradas con tal discrecionalidad es un intento claro de intimidar a quienes ayudan a migrantes y de exponer a personas vulnerables a mayores peligros", afirma Carta en declaraciones recogidas por Il Manifesto

Más de 250 entidades, incluyendo Amnistía Internacional y la Iniciativa Equinox por la Justicia Racial, han firmado declaraciones conjuntas urgiendo al Parlamento Europeo a rechazar la propuesta, argumentando que normaliza el perfilamiento racial y la detención arbitraria, similar a las prácticas criticadas en EE.UU., donde agentes federales han irrumpido cualquier espacio, ya sea público o privado y detenido a personas arbitrariamente.

La ambigüedad intencionada en términos como "otros locales pertinentes" genera temores fundados de abusos sistemáticos. Expertos señalan que, en un contexto donde tres de cada cuatro migrantes irregulares no son deportados actualmente, esta norma podría justificar allanamientos indiscriminados en busca de personas que no han cometido delitos penales, sino solo infracciones administrativas derivadas de las barreras de la regularización. 

Centros de "retorno"

El Consejo también respalda la creación de "centros de retorno" en terceros países y la extensión de periodos de detención "administrativa", medidas que, según el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), "revelan una insistencia dogmática en deportaciones, redadas y vigilancia a cualquier costo". Críticos como Olivia Sundberg Diez de Amnistía destacan que estas políticas no resuelven las causas de la migración, como guerras y persecuciones, sino que perpetúan ciclos de miedo y exclusión en comunidades racializadas.

Aunque se trata aún de una posición negociadora, pendiente de acuerdo con el Parlamento Europeo, que debe definir su postura, los desacuerdos entre Estados miembros sobre la aplicación automática de órdenes de deportación sugieren que el texto final podría endurecerse aún más.