El PP cede ante Vox en Sevilla y aprueba medidas racistas que podrían ser ilegales
El pacto incluye un endurecimiento del control del padrón municipal que podría vulnerar derechos constitucionales básicos, y la "erradicación" de la venta ambulante irregular.
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado los presupuestos municipales para 2026, con un volumen superior a los 1.380 millones de euros, gracias a un acuerdo suscrito entre el Partido Popular (PP), que gobierna en minoría, y Vox, cuya portavoz municipal, Cristina Peláez, ha condicionado su apoyo a la inclusión de medidas marcadamente racistas en materia migratoria. Firmado el 23 de diciembre, este pacto representa la segunda ocasión consecutiva en que el alcalde José Luis Sanz acepta exigencias de la formación fascista para sacar adelante las cuentas.
El punto más polémico del acuerdo es la "intensificación" del control del padrón municipal, con la exigencia de acreditación de identidad en vigor y la creación de un protocolo reforzado para verificar residencias en un plazo de 15 días, priorizando casos de "acreditación dudosa" mediante "inspecciones y colaboración interinstitucional". Vox ha defendido esta cláusula como un mecanismo para "evitar la inscripción de inmigrantes ilegales". Sin embargo, esta formulación plantea un riesgo evidente de sobrepasar las competencias municipales, ya que la legislación española establece claramente que los ayuntamientos no tienen autoridad para controlar la situación administrativa de los residentes, sino solo verificar datos identificativos y domiciliares básicos.
Expertos en derecho administrativo y organizaciones especializadas coinciden en que el empadronamiento es un derecho universal para quienes residen habitualmente en un municipio, independientemente de su estatus migratorio, precisamente para garantizar acceso a servicios públicos esenciales como sanidad o educación. Intentar introducir barreras adicionales basadas en la regularidad administrativa vulneraría el principio constitucional de no discriminación y podría incurrir en irregularidades legales graves. En este contexto, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido que tales medidas podrían constituir un delito de odio, calificándolas como una potencial "cacería administrativa" contra personas de origen extranjero, muchas de las cuales residen de forma regular y contribuyen en sectores precarios. El sindicato ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía cualquier instrucción municipal en esa dirección.
El pacto no se limita al padrón: incluye la erradicación de la venta ambulante irregular, ajustes en zonas de bajas emisiones, recortes en partidas de igualdad y cooperación al desarrollo, por segundo año consecutivo, para reasignar fondos a oficinas de "apoyo a la maternidad" con un claro sesgo antiabortista, y promoción de actividades religiosas católicas.
