El Consejo de Ministros del Gobierno español celebrado el 23 de diciembre ha aprobado "de forma excepcional" la transferencia de material militar y de doble uso procedente del Estado genocida destinado a proyectos de Airbus en el Estado español. Esta decisión se produce apenas tres meses después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley de septiembre, que establecía "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza" y "prohibía" importaciones, exportaciones y tránsitos de armamento con los sionistas.

La referencia oficial publicada en la web de La Moncloa indica que la autorización se adopta "de manera excepcional" invocando la propia cláusula del decreto que permite excepciones cuando exista riesgo de "menoscabo" de "intereses generales nacionales". El material se destinará a programas aeronáuticos con "gran potencial industrial y exportador": el avión de transporte militar A400M, el cisterna A330MRTT, el patrullero marítimo C295 y el dron táctico SIRTAP.

El Gobierno justifica la medida argumentando que estos proyectos son "indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y para preservar miles de empleos de alta cualificación en España". Asegura además que "no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles" y que las empresas afectadas están ejecutando un "Plan de desconexión de tecnología israelí" impulsado por el Ministerio de Defensa.

Aunque no se detallan los componentes ni las empresas israelíes implicadas, fuentes consultadas apuntan a posibles radares ELM-2022A de Elta Systems (filial de Israel Aerospace Industries) para el C295, radares similares para el dron SIRTAP fabricado en Getafe (Madrid), o sistemas de autodefensa de Elbit para el A330MRTT, recientemente seleccionados por Emiratos Árabes Unidos.

Organizaciones integradas en la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, respaldada por más de 600 entidades, han reaccionado con dureza. En un comunicado difundido este fin de semana, denuncian que la decisión "demuestra lo que alertamos desde septiembre: el Real Decreto-ley no es un embargo integral". Califican cada cláusula de excepción como "un agujero por el que se cuela la complicidad con el genocidio" y recuerdan que, desde octubre de 2023, Madrid ha adjudicado más de mil millones de euros en contratos armamentísticos con Israel, firmando 46 acuerdos de compra y convirtiéndose temporalmente en el principal importador europeo de armas israelíes.