La sanidad privada se hace de oro con el colapso médico en las prisiones españolas
Desde la pandemia, empresas privadas se han embolsado más de un millón de euros ante la falta crónica de sanitarios, en lo que informes señalan como una práctica ilegal.
La crónica falta de médicos en las cárceles españolas ha derivado en una externalización masiva de la atención sanitaria básica hacia clínicas y profesionales privados, con un coste superior al millón de euros desde el inicio de la pandemia. El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha optado mayoritariamente por contratos menores, adjudicaciones directas sin concurso público, para cubrir estas carencias, una práctica que expertos consideran "al borde de la legalidad" y que revela el colapso estructural de la sanidad penitenciaria.
Según datos del Portal de Transparencia, solo en 2022 Interior suscribió 46 contratos menores con empresas privadas y autónomos por un total de 486.183 euros, pero no se detallan los nombres de tales empresas o cínicas privadas. Esta fórmula, diseñada para "necesidades excepcionales" y limitada a 15.000 euros en servicios, permite adjudicaciones discrecionales y ha sido criticada históricamente por facilitar fraccionamientos en contratos, dificultando así su rastreo. En el caso penitenciario, se ha convertido en la norma ante la supuesta "imposibilidad" de cubrir plazas públicas.
Actualmente, las 19 prisiones con mayor población reclusa carecen de Atención Primaria. En apenas diez meses, el número de facultativos ha caído de 216 a 167 (131 titulares, 32 interinos y cuatro en prácticas), lo que equivale a un médico por cada 299 internos, según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Para 2023 estaban previstas 30 jubilaciones adicionales, agravando la ratio.
Pese a la urgencia, Interior solo incorporó cuatro médicos en 2022 y siete en 2023 (uno psiquiatra y seis de primaria), muy lejos de las cerca de 300 plazas vacantes. Destacan contratos "al límite legal": dos de 14.999 euros a Medical Service Care para el centro de Málaga o tres importes (dos de 7.125 y uno de 14.999 euros) al Hospital Santa Teresa de Ávila. En prisiones como Alacant, Badajoz, Mallorca, Cáceres, Huelva, Monterroso o València, los servicios se adjudican repetidamente a la misma persona física.
Negocio ilegal a costa de los presos
Fuentes expertas advierten de vulneraciones normativas de las leyes españolas por parte del propio Ministerio del Interior. La Ley Orgánica General Penitenciaria y el Estatuto Básico del Empleado Público establecen que la asistencia sanitaria en centros penitenciarios debe prestarse "con medios propios o ajenos concertados" y que funciones con "intereses generales del Estado", como informes médicos para juzgados, protocolos de huelga de hambre, aislamiento o "prevención de suicidios", solo pueden realizarlas funcionarios públicos. Delegarlas en privados podría contravenir el artículo 9.2 del Estatuto.
Esta externalización progresiva, acelerada "por la pandemia" y la "falta de atracción de plazas públicas", beneficia económicamente al sector privado mientras se niega a los presos internos, muchos con patologías crónicas, a una la más mínima atención sanitaria, siendo esta práctica "potencialmente ilegal".
