El análisis pormenorizado de la actividad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante 2024 arroja cifras que evidencian la absoluta ineficacia de los "mecanismos de rendición de cuentas" en las altas esferas del poder judicial español. Según datos internos del órgano de gobierno de los jueces, de un total de 617 denuncias interpuestas contra magistrados por diversos actores sociales, 561 fueron descartadas y archivadas de forma fulminante.

Este volumen de archivos implica que el 90,92% de las quejas ciudadanas e institucionales ni siquiera llegaron a la fase administrativa inicial, consolidando una estructura donde la fiscalización externa es inexistente ante la arquitectura burocrática del sistema judicial.

La distribución numérica de los casos que sí lograron trascender el archivo directo muestra una incidencia mínima en términos de corrección efectiva. Únicamente 32 supuestos derivaron en la apertura de un expediente disciplinario formal, mientras que otros 18 fueron categorizados como faltas leves y derivados a los Tribunales Superiores de Justicia. Si se asume el escenario estadístico más riguroso, solo el 8,1% de las denuncias superan la primera fase, y prácticamente todas terminar en una minúscula sanción. Estas cifras muestran que la probabilidad de que una irregularidad judicial sea castigada es inversamente proporcional al poder que ostenta el estamento evaluado.

Desde una perspectiva sociológica y económica, este fenómeno refuerza la percepción de una asimetría estructural. Mientras que en el ámbito laboral privado o en los estratos más bajos de la administración los regímenes sancionadores suelen aplicarse con celeridad, la cúpula judicial opera bajo una lógica de protección interna. El argumento recurrente del CGPJ sostiene que las denuncias "carecen de fundamento jurídico o son fruto del descontento procesal".

Opacidad absoluta

La opacidad estadística también juega un papel relevante en la protección del capital simbólico de la judicatura. No existen registros públicos accesibles que permitan determinar la reincidencia de ciertos magistrados, ocultando si las 617 denuncias se concentran en unos pocos nombres o si representan una anomalía extendida.