Un enorme incendio forestal, prendido el pasado 5 de enero, ah consumido ya más de 5.500 hectáreas en Epuyén, en Argentina, rodeando a sus 2.000 habitantes y forzando la evacuación de 3.000 turistas, apenas un año después de que la Patagonia sufriera sus peores fuegos en tres décadas, con 32.000 hectáreas calcinadas en 2025. Mientras brigadistas y voluntarios combaten un infierno de focos múltiples, las políticas de austeridad del Gobierno de Javier Milei, con su "motosierra" fiscal, revelan como las privatizaciones y los recortes dejan al sistema antiincendios al borde del colapso.

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El fuego, iniciado el lunes en Puerto Patriada, devora miles de hectáreas de bosques nativos cercados por un lago glaciar, con más de 10 viviendas destruidas. El gobernador Ignacio Torres advierte que las próximas 48 horas son "vitales" por vientos y sequía, pero la respuesta estatal no acaba de llegar, y la poca que llega es muy insuficiente, con solo 500 efectivos desplegados, reforzados únicamente por voluntarios chilenos y cordobeses.

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De las cenizas, el negocio

El pasado 9 de diciembre, el Gobierno de Milei hizo pública su intención de privatizar los montes públicos, permitiendo la compra de tierras rurales por parte de agentes privados extranjeros. También apuntó que derogará la prohibición de construir durante 30 años en suelos afectados por incendios, una norma esencial para frenar la especulación inmobiliaria y permitir la recuperación natural del ecosistema.

Según datos del Observatorio de Tierras, los extranjeros ya poseen 13 millones de hectáreas de tierra rural argentina, cerca del 5% del territorio nacional, una superficie aproximada al tamaño de Inglaterra.

Esta medida, promovida desde el Ministerio de Economía, abriría la puerta a constructoras y grandes terratenientes en las tierras patagónicas más frágiles, transformando tragedias ambientales en negocios redondo para unos pocos. Ambientalistas alertan que estas medidas pondrían en bandeja 5.500 hectáreas recién quemadas para proyectos turísticos destructivos.

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