El Gobierno alemán ha anunciado un paquete de leyes más severas y un aumento de medios policiales y de inteligencia para "combatir el extremismo, tanto de izquierda como de derecha", utilizando como excusa el ataque contra la red eléctrica de Berlín que dejó sin electricidad a unas 100.000 personas. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó en una entrevista a Bild que la estrategia se basará en “más personal, más competencias y normas penales más duras”, señalando que no habrá “ni un milímetro de cesión ante los extremistas ni ante el terrorismo climático”.

El sabotaje, atribuido al grupo Vulkangruppe, consistió en un incendio provocado en un puente que sostenía cables de alta tensión, afectando a varios distritos del suroeste berlinés. Este suceso se suma a una serie de ataques contra infraestructuras y grandes empresas registrados en los últimos años y vinculados a sectores ecologistas y propalestinos.

Aprovechándose de este último suceso, el Ejecutivo federal prepara una reforma integral de la llamada Ley Kritis, relativa a las "infraestructuras críticas", destinada a "reforzar la protección de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones y de abastecimiento de agua". Las empresas estarán obligadas a informar de cualquier incidente de seguridad y a elaborar "planes operativos frente a sabotajes, ciberataques o desastres naturales". Dobrindt ha descrito esta iniciativa como “una segunda capa de protección” que busca "blindar los servicios esenciales".

La Fiscalía Federal de Karlsruhe ha asumido la investigación por posibles delitos de "terrorismo" y "daños a la seguridad del Estado". En paralelo, el Bundestag debate la ampliación de las competencias de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), de modo que los servicios de espionaje interno puedan intervenir comunicaciones digitales y rastros informáticos con mayor rapidez. Además, se prevé un incremento sustancial del personal destinado a inteligencia.