Estrasburgo resuelve que la Policía manipuló pruebas de dos violaciones en Iruñea
Dos mujeres fueron violadas mediante sumisión química por dos hombres, uno de ellos, familiar de un agente de policía. Las pruebas desaparecieron y el TEDH ha detectado irregularidades en la investigación.
El 7 de diciembre de 2016, dos mujeres fueron violadas por dos varones en Iruñea (Nafarroa), al parecer mediante sumisión química. Las víctimas son amigas y no recuerdan casi nada de lo ocurrido durante la noche, pero según mostraron posteriormente unas cámaras de videovigilancia, se encontraron con dos hombres en un bar de la Parte Vieja.
Posteriormente, estos hombres las llevaron a una casa que no conocían, pero no recuerdan apenas nada al respecto: los gritos de la otra, recuerdan las relaciones sexuales vagamente y a modo de "flash". Una de las mujeres se despertó desnuda en una habitación y encontró a su amiga en la sala, "medio ida", según ha descrito. Cuando salieron de la casa y en las horas y días siguientes, las evidencias fueron a más: marcas y magulladuras que se habían visto mutuamente en el cuerpo, dolor en la vagina y en la mandíbula etc.
El juez archivó el caso
Según informa El País, los dos atacantes pamploneses se llaman Raúl y David y tenían 29 y 31 años en 2016. El juez instructor decidió archivar la causa sin ni siquiera llamar a declarar a los dos hombres. La Fiscalía no acudió a escuchar la declaración de las víctimas. El juez, además, hizo oídos sordos a una conversación que salió a la luz en la investigación, entre los dos agresores.
Así lo decía David en esa entrevista: "Quieres estar en forma, si vuelves a verla para pegarle, no... La última vez te quedaste con las ganas [...]. Y ahora lo que quieres es reventarla a puñetazos ". A lo que Raúl respondió: "Si te vale, hoy he trabajado el tríceps y el bíceps, así que a puñetazos sí". Al juez de vigilancia le indicaron que Raúl "había estado" con una de las víctimas, pero el juez instructor no vio motivos para acusarle de nada.
Condena de Bruselas tras nueve años: irregularidades en la investigación
Nueve años después de la agresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una resolución contra el Estado español por no investigar estas dos violaciones. Resuelve que hubo irregularidades en la investigación, algo que, según explica El País, puede tener que ver con el hecho de que uno de los violadores fuera pariente de uno de los policías que participaba en la investigación, que era precisamente su cuñado.
Entre las irregularidades observadas en el proceso, Estrasburgo destaca que "se perdieron y manipularon sistemáticamente pruebas potencialmente determinantes mientras estaban bajo custodia policial". Junto a ello, cuestiona que en la investigación existieran "garantías de independencia" y considera que "se reaccionó de forma manifiestamente inadecuada" ante estas "carencias". El tribunal internacional dice, en concreto, que el hecho de que un agente y uno de los investigados mantuvieran una "estrecha relación familiar" vulneró "el mínimo estándar de independencia exigido".
Estrasburgo ha dictaminado que las autoridades judiciales y policiales del Estado español incumplieron el derecho de las víctimas a no recibir "tratos humillantes" y que no se respetó su vida privada. Por ello, el Estado deberá aportar 20.000 euros a cada una de las mujeres y asumir los gastos del proceso (unos 5.000 euros).
Conexión entre violadores y Policía
Los agentes que participaron en la detención aseguraron que los dos investigados parecían tener conocimiento previo de la detención. Uno de los agresores era cuñado de uno de los agentes que participaron en la investigación, a pesar de que la policía intentó ocultarlo, y parece que el funcionario trató de encontrar información sobre el tema en las bases de datos muy pronto: justo antes de que el parte médico de una de las víctimas llegara a manos de la Policía Nacional española y de que la denuncia estuviera sobre la mesa.
