La Audiencia Nacional archiva la causa del apagón de 2025
El magistrado José Luis Calama concluye que no existe un "mínimo indicio" de "acción terrorista" tras analizar múltiples peritajes que apuntan a fallos sistémicos en la red eléctrica.
La Audiencia Nacional española ha decretado el archivo definitivo de la investigación sobre el gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que dejó sin suministro a millones de hogares y empresas en la Península ibérica durante horas críticas. El juez instructor José Luis Calama, especialista en casos de "terrorismo" y ciberdelincuencia, adopta esta resolución al concluir que no existe "un mínimo indicio" de "sabotaje terrorista", descartando de forma absoluta cualquier rastro de un ciberataque coordinado. La decisión llega tras recibir y valorar una extensa batería de informes técnicos de organismos como el INCIBE, el CNI y expertos independientes en ciberseguridad, que no hallaron evidencias de intrusión maliciosa.
El colapso, que afectó a más del 80% del territorio peninsular entre las 15:47 y las 20:23 horas, generó al inicio un torbellino de especulaciones. Gobiernos autonómicos, Red Eléctrica de España (REE) y el propio Ejecutivo apuntaron inicialmente a un posible ataque cibernético, dada la magnitud del incidente: oscurecimiento simultáneo de núcleos urbanos como Madrid, Barcelona y València, parálisis del transporte público y pérdidas económicas estimadas en más de 1.200 millones de euros. La Audiencia Nacional asumió la competencia en mayo de 2025, clasificando los hechos como potencial "terrorismo informático" bajo el artículo 573 del Código Penal, e imputó provisionalmente a REE y al Ministerio para la Transición Ecológica la obligación de esclarecer los hechos.
Los peritajes, sin embargo, han apuntado a "causas técnicas convencionales": una cascada de fallos en la interconexión de subestaciones clave, agravada por picos de demanda primaveral y deficiencias en el mantenimiento predictivo de la red. Fuentes jurídicas cercanas al Juzgado Central de Instrucción número 5 destacan que los análisis forenses de logs, tráfico de red y metadatos no detectaron patrones anómalos compatibles con malwares. "Se trata de un incidente sistémico, no intencionado", concluye el auto de archivo.
La resolución tiene implicaciones profundas. En primer lugar, libera a REE de sospechas criminales, aunque no zanja las posibles responsabilidades civiles por negligencia operativa, que podrían ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. Más relevante aún, el archivo reaviva el debate sobre la fragilidad de las infraestructuras críticas españolas, dependientes de una red envejecida, con más de 40 años de media en sus tramos clave, y expuesta a sobrecargas crecientes por la electrificación masiva y la intermitencia renovable.
