El PP financia con 715.000 euros a Periodista Digital, altavoz de Bertrand Ndongo
Gobiernos y ayuntamientos del PP han pagado a dedo decenas de miles de euros a la plataforma de Alfonso Rojo desde 2018, pese a audiencias inferiores a otros medios.
Desde finales de 2018 hasta diciembre de 2025, entidades dependientes de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, Aragón y Murcia, así como la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Madrid, han abonado al menos 715.000 euros de dinero público a Periodista Digital, el medio de Alfonso Rojo que sustenta mediáticamente al fascista Bertrand Ndongo, según revela El Salto. Los contratos son en su mayoría menores a 15.000 euros y se adjudican a dedo, sin concurso público.
El dinero público recibido ha servido para garantizar la continuidad del medio, pese a que sus audiencias son inferiores a otros diarios digitales no afines al PP. En noviembre de 2025, Periodista Digital alcanzó 206.196 usuarios únicos, frente a los 969.089 de El Salto, que no recibió ni un solo euro de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento de Madrid. Según la investigación destapada por El Salto, el diario de Alfonso Rojo habría entrado en pérdidas en 2024 si no hubiese sido por estas inyecciones de dinero público proporcionadas por el PP en distintos territorios.
Los pagos se concentran principalmente en los feudos del PP: la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco y el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida, que también han financiado a otros medios afines como OkDiario, The Objective, El Debate o los de Federico Jiménez Losantos, entre otros. La Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional establece que la contratación pública "debe tener en cuenta el alcance del medio", pero en este caso se observa un reparto arbitrario y alineado políticamente, sin correlación con las audiencias reales.
Esta estrategia permite a Ndongo y Rojo mantener un altavoz mediático a base de dinero público, mientras medios con mayor alcance y rigor periodístico quedan excluidos de la financiación. Según El Salto, este tipo de financiación institucionalizada contribuye a consolidar medios que actúan como amplificadores de mensajes de extrema derecha, lo que pone en tela de juicio la transparencia y el uso de recursos públicos en la comunicación institucional.
