Dos funcionarios europeos anónimos afirmaron ante Reuters que un ataque militar de los Estados Unidos de America sobre Irán podría producirse en las próximas 24 horas, mientras que un alto cargo israelí señaló que parece ser que Donald Trump "ya ha decidido intervenir", aunque el alcance y el calendario seguirían siendo inciertos. Estas valoraciones y "advertencias" se producen en un contexto de fuerte escalada retórica y militar, con movimientos de fuerzas estadounidenses en la región y advertencias explícitas de represalias por parte de Teherán.

Las cifras de víctimas en las protestas y los disturbios que sacuden el país desde diciembre varían mucho según las fuentes. Según el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHR), con sede en Oslo, al menos 200 personas habrían muerto y miles habrían sido detenidas. Otras organizaciones, como la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU., afirma al menos 2.403 fallecidos y 18.137 detenidos. La noruega IHRNGO eleva el número de muertos a más de 3.400.

Si embargo, estos datos no se pueden confirmar por el apagón informativo y la independencia de este tipo de fuentes tampoco suele ser fiable porque los países occidentales a menudo emplean "ONGs" opositoras como tapadera propagandística y de inteligencia.

Aún así, un funcionario iraní confirmó que habrían muerto más de 2.000 personas desde el inicio de los disturbios, atribuyendo la violencia a “grupos armados” y a la injerencia de Estados Unidos e Israel. El jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi, afirmó que el país “nunca ha enfrentado semejante volumen de destrucción”, culpando a actores externos. Un funcionario occidental citado por Reuters sostuvo que el aparato de seguridad del Estado “mantiene el control” y que no se aprecia ningún colapso inminente del Gobierno.

A pesar de las diferencias en los conteos y las valoraciones, todas las fuentes, incluidas las del propio Gobierno iraní, coinciden en que el número de víctimas mortales y arrestos ha crecido de forma exponencial, en lo que parece ser la mayor oleada de protestas en el país desde la Revolución de 1979 que derrocó al Sah y dio pie a la creación de la actual República Islámica. Esta vez, se ha impuesto un bloqueo casi total de internet por parte de las autoridades, que ya supera la semana de duración, dificultando la verificación independiente de las cifras y sumiendo al país en un apagón informativo.

Mientras las calles de Teherán y otras ciudades son escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales y militares, miles de partidarios han participando en actos de apoyo al Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y a la República Islámica. Estas concentraciones, ampliamente difundidas por los medios estatales, han sido presentadas como una muestra de respaldo popular.

El Gobierno iraní mantiene firmemente que las protestas son "disturbios orquestados por potencias extranjeras", señalando en particular a los servicios de inteligencia de Estados Unidos (CIA) e Israel (Mossad). El presidente Masoud Pezeshkian ha declarado que si las demandas económicas de los ciudadanos se hubieran atendido a tiempo, "no estaríamos presenciando sus protestas en las calles". Las movilizaciones estallaron por el desplome de la moneda nacional y el deterioro de las condiciones de vida, agravadas por las sanciones internacionales impuestas por las potencias occidentales.

La crisis interna se ve agravada por la escalada de tensiones internacionales. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que comercie con Irán, una medida destinada a aislar aún más económicamente al país persa. Esta última decisión se suma a las amenazas de Trump sobre una posible agresión militar "si continúa la represión". Desde Europa, el G7 ha condenado la violencia y se ha declarado "preparado para imponer medidas restrictivas adicionales" sobre Teherán, medidas que afectan directamente a las condiciones de vida de la población iraní.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español recomendó este miércoles a las personas con ciudadanía española que se encuentran en Irán que abandonen el país “haciendo uso de los medios disponibles”, y desaconsejó por completo viajar a territorio al país persa, según una nota oficial publicada en su web y recogida por El País. Exteriores alertó de que la situación allí es “inestable en todo el país”, con “numerosas muertes y detenciones de manifestantes” y con las telecomunicaciones interrumpidas desde el 8 de enero. El ministerio también advirtió de la suspensión de operaciones de la mayor parte de aerolíneas y recordó que los extranjeros con permiso de trabajo necesitan una autorización específica para salir del país. En estos momentos, en Irán hay menos de 150 personas con ciudadanía española registrados en la embajada en Teherán, según precisa la misma fuente.