Dos mujeres han presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española una denuncia contra Julio Iglesias por delitos de trata de seres humanos y agresión sexual, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. La denuncia abarca hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021 en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, donde se describe “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, junto con “varios delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, acoso sexual, agresión sexual, lesiones y vulneraciones de derechos laborales, incluyendo imposición de condiciones abusivas, ausencia de contrato y restricciones a la intimidad de las trabajadoras. Iglesias es señalado como autor principal, mientras que dos encargadas de las mansiones aparecen como colaboradoras en los hechos. La nacionalidad española del cantante permite que sea investigado en el Estado español, aunque los hechos ocurrieran en el extranjero.

Las denunciantes, identificadas como Laura y Rebeca (nombres ficticios para proteger su identidad), explican que el objetivo de la acción legal contra el cantante es “que todo lo que hacía él allí no quede impune” y enviar un mensaje de apoyo a otras posibles víctimas. Según los relatos recabados por elDiario.es y Univision Noticias, las mujeres sufrieron presión para mantener encuentros sexuales, tocamientos, bofetadas, vejaciones físicas y verbales, así como humillaciones y acoso sistemático durante sus jornadas laborales. La denuncia solicita medidas urgentes de protección ante la Fiscalía, incluyendo preservación de la identidad y restricción de contacto con Iglesias y sus colaboradores, debido a la especial vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas y el poder e influencia del denunciado.

Además de los delitos sexuales, la denuncia detalla prácticas médicas coercitivas. Las trabajadoras relatan que fueron enviadas a revisiones ginecológicas, análisis de sangre y pruebas para enfermedades de transmisión sexual y embarazo, cuyos resultados eran accesibles para la gobernanta de la casa y, según las denunciantes, controlados por el propio Iglesias. Estas pruebas, realizadas en junio de 2021 en el centro privado Hospiten Bávaro, no guardaban ninguna relación con sus labores domésticas y violan la legislación laboral y sanitaria dominicana, que prohíbe la solicitud de pruebas de VIH y embarazo por parte de empleadores privados y protege, en teoría, la integridad y dignidad de los trabajadores. Las organizaciones internacionales consultadas por los citados medios señalan que estas prácticas constituyen discriminación sexual y vulneran convenios laborales ratificados por República Dominicana, incluidos los de la OIT.

La denuncia también señala lesiones físicas provocadas por el cantante y sus colaboradores, incluyendo zarandeos y bofetadas, así como un contexto de intimidación ambiental que condicionaba la libertad de las trabajadoras. Se detallan delitos de agresión sexual, acoso sexual sistemático y posibles agravantes por la especial vulnerabilidad de las víctimas, la superioridad jerárquica del denunciado y la participación de varios autores. Women’s Link Worldwide acompaña la denuncia y solicita que se reconozca el daño estructural derivado de desigualdades de género y poder. Julio Iglesias y las colaboradoras señaladas aún no han ofrecido declaraciones a los medios.