Un sargento que tocó el culo a una soldado se libra pagando 1.250 euros
El Tribunal Militar Cuarto impone una multa de 450 euros y otros 800 de indemnización por daños morales, en otro "caso aislado" de agresión sexual en el Ejército español.
El Tribunal Militar Territorial Cuarto ha condenado a un sargento del Cuerpo General del Ejército de Tierra español a una multa de 450 euros por dos delitos de agresión sexual cometidos contra una soldado durante la celebración del "día de las familias" en la Base Militar "El Empecinado" de Valladolid (Castilla y León) el pasado 21 de julio de 2023. De acuerdo con la resolución judicial, citada por Infobae, el militar agresor se acercó por detrás a la víctima mientras conversaba con compañeros y "le realizó un tocamiento en los glúteos de carácter sexual sin su consentimiento". La condena, fruto de un "acuerdo de conformidad" con todas las partes –incluido el agresor–, lleva aparejada una indemnización de 800 euros por daños morales a la soldado.
Los hechos ocurrieron, además, en un acto público y concurrido con motivo de la festividad del Arma de Caballería. Tras la agresión, la soldado "se giró, recriminó lo sucedido y recibió el apoyo de varios compañeros", abandonando el lugar entre lágrimas para refugiarse en los vestuarios. El mando presente recriminó al sargento y le ordenó abandonar la base, negándole incluso la posibilidad de disculparse. La Fiscalía Jurídico Militar abrió diligencias en septiembre de 2023, culminando en un proceso que, sin embargo, evitó la vista oral gracias al "acuerdo".
El tribunal declara probado que el sargento cometió una agresión sexual en el interior de una base militar y en un acto público, circunstancia que califica de "especial gravedad dentro del ámbito castrense". Le considera autor de un delito relativo a derechos fundamentales de los militares y de un delito de agresión sexual del Código Penal común, aplicando atenuantes. La multa se desglosa en 180 euros por el delito militar (3 meses a 2 euros diarios) y 270 euros por el delito común (4 meses y 15 días a la misma cuota).
La sentencia considera que la indemnización de 800 euros "compensa la afectación a la dignidad personal y profesional de la perjudicada, producida en un entorno que debería haber garantizado su seguridad y respeto". Sin embargo, el caso vuelve a evidenciar la normalización de la violencia machista y sexista en instituciones militares, donde la jerarquía y la cultura de cuerpo suelen silenciar las agresiones sexuales; esta vez, reforzado por multas e indemnizaciones que sirven de facto para comprar el silencio de las víctimas.
La levedad de la sanción –penas económicas simbólicas sin inhabilitación ni prisión– contrasta con la gravedad de un acto que vulneró la seguridad de una subordinada en su puesto, enviando un mensaje de impunidad sobre conductas que, en un entorno civil, podrían haber sido castigadas con mayor severidad.
Esta resolución judicial vuelve a demostrar que la justicia burguesa en general y la justicia militar en particular no sirven para erradicar el acoso sexual contra las mujeres, al contrario: priorizan la resolución rápida mediante conformidad sobre los castigos ejemplarizantes y la protección real de las víctimas. La desproporción entre la humillación pública sufrida por la soldado y una multa que equivale a menos de la mitad de la indemnización por daños morales muestra también la posición social de las mujeres en las fuerzas armas.
La noticia coincide con un aluvión de denuncias por abusos y violaciones en el servicio militar obligatorio del Ejército español en los años 80 y 90, tras la emisión de un documental de TV3 que aportaba testimonios de varios casos.
Una realidad incómoda y ocultada
Investigaciones internas en Reino Unido han sacado a la luz cifras alarmantes sobre la violencia machista endémica en los ejércitos: dos de cada tres mujeres en el ejército británico sufrieron acoso sexual en el último año. En el caso español, por alguna razón, el Ministerio de Defensa encabezado por Margarita Robles no quiere revelar cuántos agresores sexuales investigados y condenados hay en sus filas, lo que resulta especialmente grave en un contexto donde las fuerzas armadas cobran relevancia política, económica y social.
