La UE y el Mercosur firman su acuerdo de libre comercio
El tratado choca con la oposición de Francia, Polonia, agricultores europeos y sindicatos de América del Sur, complicando su ratificación y entrada en vigor.
La Unión Europea y el bloque del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han firmado finalmente un acuerdo de asociación estratégica tras 26 años de negociaciones intermitentes. La presión geopolítica ejercida por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y su política exterior agresiva ha acelerado la firma del memorando, descrito por sus promotores como "la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo", con un mercado potencial de 720 millones de personas. Sin embargo, como advierten algunos expertos en Deutsche Welle (DW), la firma representaría "solo un punto de partida".
El acuerdo ha sido dividido en dos partes para sortear los obstáculos políticos. Por un lado, existe un acuerdo comercial provisional (iTA), que podría entrar en vigor relativamente pronto si lo aprueba un parlamento del Mercosur y el Consejo de la UE. Por otro lado, está el acuerdo definitivo (EMPA), que incluye diálogo político y requiere la ratificación unánime de todos los parlamentos estatales de la UE, un proceso que para otros acuerdos ha tardado toda una década. La oposición dentro del bloque es significativa: Pablo Rúperez, director de asuntos europeos de la consultora LLYC, explicó a DW que el voto en el Consejo fue "agridulce" porque "se evidenció que todavía existe oposición en países importantes y grandes como Francia y Polonia, también en Hungría, Irlanda y Austria". El sector agrícola europeo, que ya ha protagonizado severas protestas con tractoradas en Bruselas, es el nudo gordiano de esta resistencia.
Las críticas también se extienden desde América del Sur. Analistas como la experta uruguaya Viviana Barreto señalan a El País que el acuerdo "reproduce una lógica Norte-Sur" que podría incentivar "la primarización de las economías mercosureñas" en un contexto de desindustrialización. DW recoge, además, las advertencias de los sindicatos del Mercosur en cuanto a los impactos laborales negativos en su sector industrial y los informes sobre los impactos nocivos del incremento del agronegocio internacional en el medioambiente y las poblaciones locales.
El proceso de ratificación se presenta ahora como un complejo campo de batalla político. En la UE cabe esperar un voto "en clave nacional", donde algunos socios tienen el ojo puesto en las protestas de los agricultores. Mientras tanto, entre los países del Mercosur, tendrán que coordinar la aprobación y resolver internamente la distribución de las cuotas de exportación pactadas con la Bruselas. La firma, por tanto, lejos de ser el final, es más bien el comienzo de una compleja y larga contienda política que se prolonga por 26 años, donde se dirimirá si los intereses geopolíticos y de las grandes corporaciones prevalecen sobre las demandas sociales, laborales y ambientales a ambos lados del Atlántico.