Francia utiliza un algoritmo de "puntuación social" para criminalizar y fichar a los pobres
Una coalición de 25 sindicatos y asociaciones acusa al sistema de ayudas de usar la "lucha contra el fraude" como excusa para crear listas negras de los beneficiarios más pobres.
Una coalición de 25 organizaciones y sindicatos, entre los que se encuentran la CGT, Solidaires, el Movimiento de Madres Solteras, Amnistía Internacional Francia y la Liga de Derechos Humanos, ha interpuesto un recurso ante el Consejo de Estado francés contra la Caja Nacional de Asignaciones Familiares (Cnaf). La demanda, impulsada por el colectivo La Quadrature du Net, exige que cese de inmediato el tratamiento algorítmico de los datos de los beneficiarios de las CAF (Cajas de Asignaciones Familiares) para dirigir sus controles, según informa el diario L'Humanité. Los denunciantes acusan al sistema de producir una vigilancia desproporcionada y discriminatoria.
Desde 2018, la Cnaf calcula para cada hogar una "puntuación de riesgo de fraude", un valor entre 0 y 1 que mide la "probabilidad estadística" de haber recibido un "sobrepago" de más de 600 euros en prestaciones en seis meses. Este algoritmo, que procesa los datos personales de 32 millones de personas para generar 13 millones de puntuaciones mensuales, es utilizado para crear listas de beneficiarios a controlar. Las organizaciones denunciantes sostienen que el sistema se basa en un "pretexto" de aparante "lucha contra el fraude" para fichar masivamente a la población más vulnerable.
Según la información publicada por L'Humanité, los factores que incrementan la puntuación de riesgo incluyen tener bajos ingresos, estar en desempleo, percibir el Ingreso de Solidaridad Activa (RSA) o la Asignación para Adultos con Discapacidad. Para los demandantes, esto convierte la herramienta en una "puntuación social" que criminaliza sistemáticamente la pobreza. "El algoritmo de la CAF deliberadamente apunta a las personas más vulnerables", señala el medio, recogiendo las críticas de la coalición.
El Consejo de Estado examinará el recurso en las próximas semanas, en un caso que podría sentar un precedente jurídico sobre el uso de sistemas de puntuación algorítmica por parte de las administraciones públicas. Los demandantes argumentan que este mecanismo prioriza la represión y constituye una vigilancia masiva e injustificada, bajo la apariencia de una "eficiencia técnica" en la "lucha contra el fraude".
