La Eurocámara frena el acuerdo con Mercosur y lo remite al Tribunal de Justicia europeo
Por diez votos, el Parlamento Europeo paraliza la ratificación del tratado comercial al cuestionar si vulnera la soberanía normativa de la UE.
El Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise su compatibilidad con los tratados europeos, paralizando así su ratificación tras más de 25 años de negociaciones y la reciente firma del acuerdo. Según informa EuroEFE, la moción fue aprobada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, una diferencia decisiva de tan sólo diez votos. Las resoluciones del tribunal suelen tardar entre 18 y 24 meses, por lo que se pospone indefinidamente la entrada en vigor del llamado "mayor acuerdo de libre comercio del mundo", mientras EE.UU. le aprieta las tuercas comerciales a Bruselas; esta vez, por la cuestión de Groenlandia.
El debate está servido: algunos sectores cuestionan la validez legal del "mecanismo de reequilibrio incluido" en el pacto y la base jurídica que permite ratificar los capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. De hecho, varios eurodiputados temen que estas cláusulas socaven la autonomía regulatoria de la UE.
La Comisión Europea lamentó la decisión. Su portavoz, Olof Gill, afirmó que las cuestiones planteadas "no están justificadas" porque "ya habían sido abordadas de manera muy profunda" y están presentes en tratados anteriores como el de Chile. Gill añadió que la cuestión se discutirá en la cumbre extraordinaria de líderes de la UE convocada para este jueves, originalmente centrada en la crisis por Groenlandia y ahora ampliada por cuestiones de orden interno.
La votación, extremadamente ajustada, muestra la profunda división entre los sectores que priorizan el impulso geopolítico y económico del acuerdo y quienes exigen salvaguardar la soberanía legislativa europea. Esto deja entrever los puntos débiles de la arquitectura jurídica y el poder ejecutivo de la UE, así como el precario equilibrio de poder en el interior de su clase dirigente. La Comisión insiste en la "vital importancia" del pacto, pero una mayoría parlamentaria ha preferido someter a escrutinio judicial unas cláusulas que consideran potencialmente lesivas, con el ojo puesto en las protestas de los agricultores.
