Sanción de 43.000 euros a un empresario de Lugo por hacer trabajar 23 días seguidos sin descanso a sus trabajadores
El explotador, dueño de tres gasolineras, les obligó a trabajar con registros horarios manipulados y salarios impagados.
La Dirección Xeral de Relacións Laborais de la Xunta de Galicia ha impuesto una sanción de 43.032 euros a una empresa propietaria de tres gasolineras en Lugo y Outeiro de Rei, tras confirmarse que hizo trabajar a sus empleados más horas de las legales, sin respetar descansos semanales y sin pagarles el salario correspondiente. Según informó El Progreso, la inspección de Trabajo constató en 2020 que la empresa manipulaba los registros horarios, llegando a tener trabajadores en plantilla 23 días seguidos sin descanso. El explotador sancionado ha recurrido ahora al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La Inspección de Trabajo detectó en junio de 2020 cinco infracciones graves y una muy grave. Los inspectores concluyeron que en ninguno de los tres centros existían registros de jornada completos y, donde los había, estaban "manipulados" y "previamente elaborados", según recoge la resolución citada por el diario. La sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Lugo, dictada en noviembre pasado, rechazó el recurso del empresario al considerar que los hechos estaban "constatados con claridad" y que los incumplimientos "no eran algo excepcional, sino generalizado".
La jueza destacó además que la empresa ni siquiera actualizaba las tablas salariales conforme al convenio y que los trabajadores no percibían los pluses por festivos y horas nocturnas. El fallo subraya que la sanción se basa "en datos reales" y que su importe es proporcionado, teniendo en cuenta la intencionalidad de la empresa y la pluralidad de trabajadores afectados. Los empleados perjudicados eran todo el personal de hostelería de las gasolineras.
El explotador había solicitado la nulidad de la sanción "por falta de motivación", alegando que "no existían los hechos sancionados". Su recurso fue desestimado y ahora lleva el caso al TSXG. La sanción inicial, propuesta en 38.750 euros, fue elevada a 43.032 euros por la Dirección Xeral de Relacións Laborais en diciembre de 2020, tras confirmar el acta de infracción.
