El domingo por la noche dos trenes colisionaron en Adamuz, Córdoba. Esa noche, miles de personas en Madrid y Andalucía revisamos con nerviosismo si nuestra gente viajaba ese día y si lo hacía en esos trenes. Y así comenzó el terror: las llamadas sin respuesta, las visitas a hospitales donde nadie sabe nada y las peores noticias llegando a una estación de tren.

Desde el domingo, los medios de comunicación de la burguesía, en lugar de informar, se han limitado a aprovechar la tragedia para aumentar beneficios con titulares morbosos y sensacionalistas, utilizando el dolor ajeno para generar clics y sembrar el pánico entre familiares desesperados que buscan a los suyos. Los influencers y partidos de ultraderecha, cómo no, tampoco quisieron quedarse atrás. Haciendo gala, una vez más, de que todo vale con tal de difundir la agenda fascista, echaron más leña al fuego con mensajes absolutamente vomitivos desde el primer día. Los niños pijos que jamás han estado del lado de las movilizaciones de los trabajadores ferroviarios —y que no dudarían en aplaudir su represión— quieren hacernos creer ahora que les importa el estado de las vías o las condiciones de los ferroviarios.

Como siempre tras una catástrofe, llegarán las promesas: que se mejorará, que no volverá a ocurrir, que se evitará en el futuro. Y más aún sabiendo que nos esperan meses de campaña electoral en Andalucía. Unos y otros intentarán convencernos de que ellos habrían evitado una tragedia así. Expandirán mentiras o informes oficiales, utilizarán —o silenciarán— el testimonio de las víctimas según convenga a sus intereses electorales. Hablarán de la tragedia como mejor les encaje, sin ningún apego a la verdad, a la justicia ni a la voluntad real de evitar otro accidente.

Para pensar todo esto debemos partir de que no es solo una cuestión del presente, sino también del futuro. No podemos entender el estado de las inversiones en infraestructuras públicas sin atender a cómo el plan de rearme hasta el 5 % del PIB —la senda de gasto establecida por la OTAN— supondría un desembolso equivalente al 24 % de los Presupuestos Generales del Estado, con el consiguiente riesgo de recortes en partidas esenciales como sanidad, educación, pensiones y, sí, también en las infraestructuras de transporte.

Porque, en medio de este espectáculo guionizado de oportunismo y desfachatez hay una voz que se ha salido de lo que a unos y otros conviene. Estos días los trabajadores ferroviarios han dicho basta y han convocado una huelga para febrero, además de emitir distintos comunicados desde los principales sindicatos del sector.

No es algo nuevo, si echamos la vista atrás y miramos a los meses anteriores las denuncias de los trabajadores ferroviarios son múltiples. Porque, por mucho que nos lo repitan, el presupuesto ferroviario no es “mucho mayor”. Aunque ha aumentado en términos absolutos, la inversión en segmentos como la alta velocidad es menor proporcionalmente que el aumento de viajeros, con miles de trabajadoras utilizan el tren a diario para ir a trabajar o para volver a ver a los suyos.

Este diciembre, CGT–SFF emitió un comunicado denunciando el aumento de incidencias en las vías —de 12 graves y 1 con víctimas mortales en 2023 a 16 graves y 5 con víctimas mortales en 2025— y señalando que, detrás de todo el marketing, “cuando uno baja a la vía, lo moderno se acaba”: plantillas recortadas, EPIs obsoletos, formaciones exprés y contratas que rotan año tras año.

Y así, poco a poco, comienzan a aparecer noticias que antes fueron enterradas y que ahora, de repente, parecen interesar: adjudicaciones de obras, incidencias previamente señaladas e ignoradas… Los mismos maquinistas que ya convocaron huelgas en años pasados ven ahora cómo, de repente, sus demandas parecen empezar a ser escuchadas y se muestran dispuestos a sentarse a negociar con ellos únicamente porque esta tragedia abre telediarios un día sí y otro también, después de años de desprecios.

Desde estas organizaciones se ha señalado la situación derivada de la liberalización del sector que, entre otras consecuencias, ha dificultado la firma de convenios colectivos y ha empeorado las condiciones laborales y de seguridad.

Por un lado, los trabajadores y trabajadoras de Iryo, tan aplaudidos por su actuación serena en los vagones, llevan los salarios congelados desde 2022, sufren las peores condiciones del sector, una formación insuficiente y un convenio bloqueado. En Renfe tampoco son mucho mejores las condiciones, se han ha denunciado la lentitud en el convenio, así como la falta de personal, de formación y de directrices claras, con tiempos de descanso insuficientes y plantillas en constante rotación.

Las condiciones de seguridad también se han visto profundamente alteradas con la liberalización del sector. Por poner un ejemplo: mientras que en Renfe no se permite conducir a 300 km/h sin haber pasado antes por Cercanías o Mercancías, en Iryo u Ouigo se envía directamente a la alta velocidad a trabajadores recién salidos de la escuela.

Estos días han aumentado las notificaciones de incidencias por parte de los trabajadores ferroviarios en la red. ¿Cómo ha respondido el Ministerio de Transportes? Con paternalismo y amenazas. Por un lado, Óscar Puente afirmando que hay más advertencias porque “los maquinistas estaban muy afectados” y que “deben bajarse del soufflé emocional”. Por otro, amenazan con sancionar a los trabajadores que denuncian irregularidades como baches o defectos en la vía. Pero ¿qué quieren que hagan quienes han visto morir a compañeros y amigos, y que siempre acaban siendo el cabeza de turco en cualquier accidente? ¿Presentar un parte (PIRSC) que no se responde hasta pasados 30 o 60 días (cuando se responde)? ¿Mirar hacia otro lado para que después el accidente se atribuya a un “error humano” y los políticos profesionales puedan lavarse las manos?

Más allá de estas denuncias, cualquiera que use de forma habitual la red ferroviaria sabe a qué se enfrenta: trenes que llegan tarde o no llegan, servicios que se cancelan la víspera, baches, parones en mitad de la nada. Un deterioro constante de unas infraestructuras esenciales para la vida cotidiana de la clase trabajadora, lo que no es un hecho aislado, sino parte del mismo proceso de empeoramiento de las condiciones de vida del proletariado, igual que ocurre con la sanidad o la educación.

Que lo tengan claro: cuando los trabajadores ferroviarios convoquen huelgas o salgan a las calles nos tendrán a su lado. Porque somos la clase trabajadora quienes nos jugamos la vida trabajando en los trenes y también viajando en ellos. Porque, independientemente de los resultados de las investigaciones sobre los accidentes de estos días, hay algo claro: los trabajadores ferroviarios y quienes viajan cotidianamente en trenes llevan años advirtiendo de que algo así podía ocurrir, y hoy siguen diciendo que podría volver a pasar mañana, en el tren que tomemos nosotras o nuestra gente.