Filtran datos personales de 47 altos cargos autonómicos
Un fascista filtra información sensible de presidentes y consejeros de 15 comunidades autónomas, evidenciando la vulnerabilidad de la clase política ante campañas de 'doxxeo'.
Un ataque de doxxing ha expuesto datos personales de al menos 47 responsables políticos autonómicos de 15 comunidades autónomas del Estado español, entre ellos Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura), María Chivite (Nafarroa), Juan Francisco Pérez Llorca (Comunitat Valenciana) e Imanol Pradales (Comunidad Autónoma Vasca). La información ha sido publicada en un portal especializado en la difusión de bases de datos robadas, según ha podido confirmar elDiario.es.
Los datos filtrados varían según el caso e incluyen correos electrónicos personales, números de teléfono móvil, DNI, direcciones de vivienda, matrículas y características de vehículos, cuentas bancarias y, en uno de los casos, incluso el código del contador del gas de su vivienda. En la ficha atribuida a Pradales se incorporan además datos de una persona identificada por el autor como su pareja. La diversidad y el nivel de detalle de la información apuntan a que no procede de un único ataque, sino de la agregación de datos extraídos de múltiples bases previamente robadas.
El responsable de la publicación se identifica como Eurogosth y no ha explicitado sus motivaciones. En el único mensaje que acompaña a la filtración afirma: “Sé que faltan CCAA, no se van a salvar, dentro de poco haré la V2 de esta db, probablemente con familiares, o sin familiares, no lo sé, no afirmo nada. Viva España”. En el listado figuran cargos del PSOE, del PSC y de Coalición Canaria, pero no aparece ningún representante de Vox. El autor se refiere a la Comunidad Autónoma Vasca con lenguaje franquista: “Vascongadas”.
Esta filtración se produce tras una sucesión de doxxeos dirigidos contra responsables políticos durante el año pasado. Primero fueron altos cargos del Ministerio de Transportes, en una acción que el atacante vinculó al accidente de Adamuz, y anteriormente se difundieron datos personales de Pedro Sánchez, de miembros del Ejecutivo, de periodistas y de personas afiliadas a Podemos. Según explica elDiario.es, la Policía investiga estos hechos, que pueden constituir delitos contra la intimidad, amenazas o coacciones, y que suelen utilizarse para facilitar campañas de acoso, estafas o suplantaciones de identidad.
