El Puerto de Pasaia acepta un acuerdo con tres familias, pero mantiene el riesgo de desahucio para otras seis
La lucha vecinal fuerza el acuerdo para tres hogares, pero el Puerto mantiene la vía judicial y la amenaza de expulsión contra el resto, tras dos años de conflicto y movilización.
El conflicto por las viviendas de Escalerillas, en Pasaia (Gipuzkoa), sigue abierto: mientras seis familias continúan en riesgo de quedarse en la calle, la movilización vecinal y la presión organizada han permitido mejorar el acuerdo impuesto a otras tres familias, según han anunciado desde el vecindario y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria. El Puerto de Pasaia confirmó el cierre parcial del conflicto con este grupo, aunque mantiene activos los procedimientos judiciales contra el resto de residentes, a quienes reclama la salida de las viviendas sin ofrecer alternativas habitacionales.
Según el sindicato, la Autoridad Portuaria ha dividido deliberadamente a los vecinos en dos grupos: por un lado, quienes llegaron hace más de 60 años, vinculados laboralmente al puerto, con quienes sí ha mostrado disposición a negociar; y por otro, sus herederos, frente a quienes ha desplegado amenazas de desahucio y acciones judiciales. Esta estrategia, denuncian, busca romper la unidad del vecindario. Una reunión prevista con este segundo grupo fue cancelada unilateralmente por el Puerto apenas dos semanas antes del juicio celebrado en Donostia (Gipuzkoa) en junio, un gesto que el sindicato califica como una nueva muestra de “opacidad y desprecio” institucional.
En el plano judicial, el Puerto presentó en abril de 2025 una demanda de desahucio por precario contra varias familias, alegando que "ocupaban las viviendas sin autorización". El juicio oral se celebró el 30 de junio en Donostia y quedó visto para sentencia en apenas cinco minutos. Dos días después, el juzgado dictó sentencia estimatoria para el Puerto, sin pronunciarse sobre la existencia o no de una subrogación tácita, pese a que las familias llevaban décadas residiendo allí, pagando rentas, asumiendo gastos de mantenimiento y, en algunos casos, incluso manteniendo vínculos laborales con el propio Puerto.
La resolución se apoyó en un criterio formal: la no ejecución administrativa de la desafectación del inmueble, lo que mantiene la propiedad como dominio público. El sindicato presentó recurso el 1 de septiembre, aportando pruebas de que dicha desafectación sí se produjo, aunque a día de hoy no hay respuesta judicial al respecto.
El conflicto saltó a la palestra a finales de 2023, cuando el Puerto comunicó por primera vez su intención de derribar el bloque y "animó" a los residentes a abandonar "de forma ordenada" las viviendas. Desde entonces, las familias, organizadas con el sindicato, han sostenido dos años de movilizaciones, concentraciones y asambleas.
En junio de 2024, más de 1.000 personas se manifestaron en Pasaia en apoyo a Escalerillas; más de 2.000 firmaron una carta dirigida al Puerto sin obtener respuesta; el Ayuntamiento rechazó una moción de apoyo vecinal; la iniciativa artística socialista EKIDA realizó un mural reivindicativo en el bloque y Gedar Langile Kazeta produjo un reportaje audiovisual con testimonios directos. Desde el sindicato insisten en que, pese a las presiones y amenazas, la voluntad es continuar la lucha colectiva contra los desahucios.
