Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) autoriza a sus agentes a entrar por la fuerza en viviendas sin una orden firmada por un juez, basándose únicamente en órdenes administrativas de detención. El documento, obtenido por The Associated Press (AP), supone una ruptura clara respecto a directrices históricas de la propia agencia de policía migratoria y a la práctica habitual derivada de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que limita las entradas en domicilios privados sin autorización judicial.

El memorando, firmado el 12 de mayo del año pasado por el director interino de ICE, Todd Lyons, sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha determinado recientemente que la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la normativa migratoria “no prohíben” apoyarse en órdenes administrativas para entrar en la residencia de personas con una orden final de expulsión. El texto no explica cómo se alcanzó esa conclusión ni cuáles pueden ser sus consecuencias legales.

El caso ha salido a la luz a través de una denuncia de Whistleblower Aid, una organización legal que representa a dos funcionarios federales anónimos. Su denuncia apunta a que el memorando no se ha distribuido de forma general dentro de ICE, pero se está utilizando para formar a nuevos agentes desplegados para intensificar las detenciones migratorias impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Los denunciantes afirman que estas instrucciones contradicen los materiales formativos escritos del propio DHS.

A nivel operativo, AP documentó al menos un caso en el que agentes de ICE irrumpieron en una vivienda con equipamiento táctico y armas largas en Minneapolis el 11 de enero, durante la detención de Garrison Gibson, un ciudadano liberiano con una orden de expulsión de 2023. Los documentos revisados por la agencia muestran que los agentes solo disponían de una orden administrativa, sin autorización judicial para entrar en la propiedad privada. La profesora de Derecho Lindsay Nash, de la Universidad Yeshiva, afirma que el memorando “choca frontalmente” con la protección que ofrece la Cuarta Enmienda y con las propias afirmaciones históricas de ICE sobre sus competencias.