El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sanción de 30 días de suspensión de empleo y sueldo impuesta a un agente de la Policía Nacional por increpar, insultar y amenazar a una conductora de Uber en noviembre de 2022. Los hechos ocurrieron en los alrededores del estadio del Atlético de Madrid tras un partido contra el Espanyol, cuando la conductora accedió con su vehículo a una zona restringida para recoger a un cliente, según recoge elDiario.es.

La escena fue grabada por la propia conductora y en el audio se escucha al agente dirigirse a ella con expresiones como “salga del coche o la saco de la puta cabeza” o “me paso tus derechos por el forro de las pelotas”. En un primer momento, la mujer acudió a la vía penal, pero un juzgado de la Plaza de Castilla, casualmente, archivó las diligencias en febrero de 2023 al considerar que “los hechos no constituían delito”. Posteriormente, la Dirección General de la Policía abrió un expediente disciplinario que concluyó con la sanción ahora ratificada por el TSJM, según ha podido comprobar el citado diario.

En su recurso, el agente sostuvo que el archivo penal impedía cualquier castigo administrativo e incluso llegó a cuestionar la validez de la grabación. Los magistrados de lo contencioso-administrativo rechazaron ambos "argumentos". La sentencia señala que el audio fue “certificado” por el instructor del expediente y que el sancionado pudo participar en el procedimiento y proponer pruebas, sin lograr desvirtuar un material que recoge de forma literal sus insultos y amenazas contra una ciudadana. Estas conductas, afirma el tribunal, “constituyen una desconsideración con una ciudadana y por tanto una infracción grave”.

El TSJM también avala que la Policía Nacional imponga sanciones disciplinarias aunque no exista condena penal. Según la resolución, la jurisdicción penal “protege a las personas frente al uso excesivo e injustificado de la fuerza”, mientras que el régimen disciplinario interno “protege al cuerpo policial contra el descrédito y desprestigio” derivado de actuaciones de este tipo. En palabras del tribunal, “en una sociedad democrática la Policía debe poner especial atención en preservar la consideración de la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones”.