El frío y la desprotección han causado más de 10.700 muertes en un lustro
Los "bonos sociales" en materia energética llegan a tres personas en exclusión social en Castilla y León o 12 en toda Catalunya
La borrasca Francis ha servido como detonante climático para exponer una fractura estructural en el cada vez más escaso sistema de "protección social". Mientras la atención mediática se centraba en cuatro fallecimientos visibles en la vía pública, los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) revelan que solo en la semana del 5 al 11 de enero, 384 personas fallecieron por causas atribuibles a las bajas temperaturas. Este dato eleva el cómputo de víctimas del frío a 879 desde el inicio de la temporada invernal en diciembre de 2025. Sin embargo, la perspectiva histórica delata que, solo en los últimos cinco inviernos, el frío y la desprotección se han cobrado la vida de 10.718 personas.
Invisibilización
Parte del problema reside en una invisibilización estadística deliberada. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 28.552 las personas sin hogar, un número que contrasta drásticamente con cifras de diferentes ONG. Sin ir más lejos, Cáritas atendió a 42.336 personas en 2023, una diferencia de casi 14.000 ciudadanos que no existen para la contabilidad oficial pero que mueren en las calles. Esta brecha de datos tiene consecuencias más que notables, ya que según Hogar Sí, la esperanza de vida de una persona en situación de calle se reduce entre 20 y 30 años respecto a la media nacional.
Entre 5 y 8 millones de personas con dificultades para pagar suministros
Más allá del sinhogarismo visible, la pobreza golpea a una capa mucho más amplia de la sociedad, afectando a entre 5 y 8 millones de personas que sufren dificultades de pagar los suministros. La respuesta estatal, articulada a través del bono social eléctrico, demuestra una ineficiencia sistémica. Esta ayuda apenas llega a 1,7 millones de hogares, cubriendo tan solo al 20 % de los potenciales beneficiarios. La burocracia actúa aquí como un muro de contención contra los más desfavorecidos: la complejidad de los trámites y la falta de recursos necesarios para poder efectuar las peticiones de manera correcta, provocan que millones de familias vulnerables queden fuera del escudo social sistemáticamente.
Regresividad
Otro aspecto relevante es la regresividad en la distribución de estas ayudas. Los datos desglosados del Ministerio para la Transición Ecológica revelan que el bono social está subvencionando a rentas medias y altas bajo el paraguas de "familia numerosa", un criterio que no discrimina por ingresos. Mientras que el 25,57 % de las ayudas se destinan a este colectivo, tan solo el 0,43 % del total llega a los ciudadanos en "riesgo de exclusión social", la categoría de mayor vulnerabilidad. El diseño de la política pública provoca situaciones difíciles de creer como que en toda Castilla y León solo tres personas en riesgo de exclusión reciban el bono, o apenas doce en Catalunya.
