Las cuentas anuales de Vox, presentadas por su tesorero Pablo Sáez en la Asamblea General del partido, revelan que en 2021 los ingresos superaron los 14,8 millones de euros, de los cuales un 65%, es decir, 9,7 millones, procedieron de subvenciones públicas "procedentes sobre todo de los 52 representantes con los que cuenta en el Congreso de los Diputados" además de "aportaciones de sus representantes en otros parlamentos autonómicos y de ayudas públicas en materia de seguridad". Sáez presumió de un "balance económico que demuestra solvencia, solidez financiera, crecimiento y transparencia", mientras los ingresos privados se quedaron en 5,9 millones, principalmente de cuotas de 63.000 afiliados, 190.000 euros en donaciones y 560.000 de venta de material promocional.

En 2022, según las cuentas anuales adelantadas por El País y Cadena SER, Vox ingresó 15,5 millones de euros totales, de los cuales cerca de 10 millones tenían origen público; al sumar 1,9 millones de subvención electoral, el porcentaje de fondos públicos alcanzó el 67,6%. Ese mismo año, Vox transfirió 2,5 millones a su Fundación Disenso, una organización bastante opaca que entre 2021 y 2022 recibió de Vox un total de 5,09 millones en donaciones, mientras Disenso acumuló subvenciones públicas de administraciones como Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Junta de Castilla y León. La fundación ha sido señalada por miembros disidentes de Vox como un "chiringuito" para mantener una estructura de liberados y el alto tren de vida de su líder, Santiago Abascal.

El Tribunal de Cuentas, que ha solido señalar a Vox en sus informes de fiscalización de cuentas anuales, ha detallado transferencias desde grupos parlamentarios a partidos: entre 2018 y 2019, en conjunto para todas las formaciones, se movieron 139,61 millones de euros desde grupos de Congreso, Senado, autonómicos y locales hacia las sedes partidistas, un mecanismo que también beneficia a Vox con sus grupos. En el Senado, en 2023, los senadores de Vox firmaron un "convenio de colaboración" que transfirió 115.000 euros del partido con cargo a ayudas públicas a grupos.

Vox mantiene su reivindicación de "eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos, fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos", como propuso en una enmienda al informe del Tribunal de Cuentas de 2016, quedándose solo en la votación del Congreso. Sin embargo, Javier Ortega Smith justificó seguir recibiéndolas: "Lo contrario supondría salir a la arena política con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados" y "mientras que el resto de partidos utiliza las subvenciones públicas para mentir en su propaganda, nosotros no podamos utilizar los recursos públicos, que son legales, para defender nuestras ideas políticas".

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox por irregularidades en su financiació: en abril de 2025, multa de 862.496,72 euros por infracción "muy grave" en 2018-2020 al recibir más de 330.000 euros en cajeros automáticos sin identificar donantes, calificados por Vox como "actividades promocionales a través de mesas informativas"; Vox anunció recurso ante el Supremo. En julio de 2024, impusieron otras dos sanciones por 233.324,22 euros por donaciones finalistas en 2018-2019.

Los Presupuestos Generales del Estado prevén anualmente unos 55 millones para subvenciones a partidos (52,7 millones ordinarios y 2,7 para seguridad), repartidos por representación parlamentaria, más subvenciones electorales según resultados. En suma, extrapolando las cifras anuales conocidas (9,7M en 2021 + 10M en 2022) y considerando transferencias indirectas vía grupos y fundaciones, se puede estimar Vox ha recibido al menos 50 millones en subvenciones públicas desde 2021, según reconstrucciones de medios a partir de datos oficiales del Tribunal de Cuentas y las cuentas presentadas por el propio partido.