El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha acordado la suspensión cautelar de la demolición de dos viviendas en la Cañada Real Galiana, al considerar que se trata de domicilios habituales y que la ejecución del derribo causaría un perjuicio irreparable. Las resoluciones judiciales, que se mantendrán hasta que haya sentencia firme, afectan a dos vecinas del Sector 6 y suponen el primer respaldo judicial a la campaña #CañadaSeQueda, según han informado la asociación Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria.

Estas decisiones llegan en pleno despliegue del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real (2024-2034), firmado el 15 de abril de 2024 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid. El plan se aplica en un territorio rodeado por grandes desarrollos urbanísticos en expansión —Valdecarros, Berrocales, Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros— y ha sido denunciado por asociaciones vecinales como una vulneración del Pacto Regional y de la Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana.

Las asociaciones vecinales, junto con los equipos jurídicos que acompañan a la Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real y #CañadaSeQueda, denuncian que las resoluciones administrativas derivadas del plan pueden implicar realojos a más de 100 kilómetros del barrio, en municipios sin oportunidades laborales y fuera del entorno de arraigo social de los afectados. También señalan un incumplimiento del principio de participación vecinal recogido en el Pacto Regional, asegurando que no han sido consultadas ni han participado de forma efectiva en el proceso de toma de decisiones.

Corte del suministro eléctrico desde 2020

La situación de los residentes se agrava por el corte del suministro eléctrico en el Sector 6 desde el 2 de octubre de 2020, que afecta al 60% de la población del barrio. Esta situación fue objeto de una condena al Estado por parte del Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa por vulneración de derechos, que no tiene efectos prácticos. Las organizaciones recuerdan que es la propia Administración la que tiene la potestad de expedir los títulos de habitabilidad necesarios para contratar legalmente la electricidad, una medida que sigue sin producirse.

Derribos, amenazas y violencia institucional

Houda Akrikez, portavoz de la asociación Tabadol, afirma que “desde 2007 hemos vivido derribos, amenazas y violencia institucional” y denuncia que “las investigaciones hablan de más de 150 viviendas derribadas”. Según Tabadol, solo un 20% de las familias de los sectores afectados cumpliría los requisitos exigidos para acceder al realojo, como demostrar residencia anterior a diciembre de 2011, lo que dejaría fuera a la mayoría de los hogares.

Manifestación el 31 de enero

Ante esta situación, las organizaciones vecinales y sociales implicadas en el caso han convocado una marcha el próximo 31 de enero a las 11:00 horas, que partirá desde la estación de metro de Valdecarros, recorrerá el Sector 6 y concluirá en el local de la Asociación Cultural Tabadol. Desde la PAH Vallekas, La Laboratoria y la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Rivas consideran que la movilización será constituirá una cita importante para el movimiento de vivienda, por lo que llaman a frenar los derribos, exigir la restitución de servicios básicos y reclamar el reconocimiento de la Cañada Real como un barrio más de Madrid.