Estudiantes de la Complutense denuncian el encubrimiento institucional de un profesor investigado por agresión sexual
La universidad mantiene al docente en su puesto pese a la causa judicial y sin abrir expediente interno; Quiebra señala la complicidad del claustro y los riesgos que afrontan las alumnas de clase trabajadora al denunciar.
La Asamblea de la Juventud Trabajadora en el Campus de Somosaguas, Quiebra, ha denunciado públicamente el encubrimiento por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de un profesor de la Facultad de Economía investigado judicialmente por agresión sexual. Según una declaración emitida este viernes, la institución ha mantenido al docente en su puesto “con la complicidad de toda la institución universitaria”, sin tomar medidas a pesar de la existencia de un juicio abierto y de las reiteradas quejas presentadas. Señalan que la prioridad de la universidad ha sido “mantener limpio el nombre de una institución corrupta” por encima de la seguridad de las estudiantes.
Esta acusación se produce en el marco de una investigación judicial, reportada por elDiario.es, que indaga la inacción de la UCM tras conocer en 2018 la agresión a una alumna de máster. La universidad, según un informe del centro de atención a víctimas Cimascan, alegó que “no podía actuar administrativamente en casos de agresión sexual, solo en supuestos de acoso”. El profesorado y coordinadores que, según los denunciantes, conocían las prácticas del investigado, "no actuaron internamente para no poner en riesgo sus puestos", negando luego ante la institución el conocimiento de los hechos. Este patrón de omisión y protección institucional permitió que el docente, según la querella, continuara acosando a la víctima en las aulas durante años.
Los denunciantes destacan cómo esta dinámica de impunidad afecta de forma desproporcionada a las estudiantes de clase trabajadora. Argumentan que, para ellas, “denunciar no es una opción sencilla” debido a la dependencia de becas, evaluaciones continuas y recomendaciones académicas. “Enfrentarse a un profesor puede significar represalias: suspensos, hostigamiento, retrasar tus estudios o incluso verte obligada a abandonarlos”, explican. Esta barrera material convierte a la universidad, que se presenta como un “espacio seguro”, en un entorno hostil donde la violencia queda silenciada.
Frente a este encubrimiento institucional, Quiebra sostiene que “sólo nos queda la organización y la lucha”, apuntando a una lógica estructural donde las instituciones priorizan su reputación y sus intereses propios sobre la protección de las personas vulnerables. La movilización estudiantil busca así destapar lo que califican como un “secreto a voces” y responsabilizar a quienes, desde dentro de la universidad, garantizan la impunidad. El caso judicial contra el profesor y la investigación por la inacción de la UCM continúan abiertos.
