El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que su Ejecutivo prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Según Sánchez, las plataformas deberán implementar "mecanismos efectivos de verificación de edad y barreras reales que impidan a los menores utilizar estos servicios". La medida se desarrollará dentro del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria.

Además, Moncloa planea responsabilizar penalmente a los directivos de plataformas como X, TikTok e Instagram si se difunden contenidos ilegales en sus redes. Sánchez anunció que se tipificará como delito "la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilícito", y que la Fiscalía investigará posibles infracciones cometidas por Grok, la inteligencia artificial de X, así como por Meta y TikTok. Estas medidas se suman a la creación de un sistema de rastreo y trazabilidad para establecer lo que el Gobierno denomina “Huella de Odio y Polarización”.

"Medidas de control de edad"

Sánchez justifica las medidas denunciando la permisividad de las plataformas frente a delitos graves y desinformación: “Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos y la desinformación vale más que la verdad”, ha afirmado durante su intervención. Entre los ejemplos citados se encuentran TikTok, acusado de permitir contenidos de pornografía infantil generados por IA; Instagram, por el espionaje masivo de usuarios de Android; y X, que habría difundido desinformación sobre la regularización de medio millón de personas migrantes en el Estado español, incluso amplificada por el propio Elon Musk, propietario de la plataforma que se encuentra bajo investigación en el Estado francés.

El presidente español destacó que estas políticas se aplicarán en coordinación con otros cinco países europeos dentro de la llamada "Coalición de los Dispuestos Digitales", que buscará implementar una "regulación más estricta y eficaz de las plataformas sociales". Sánchez insistió en que estas empresas "son más ricas y poderosas que muchos Estados", pero subrayó que “su poder e influencia no nos debe dar miedo” y reafirmó que el Gobierno español tendrá “tolerancia cero” frente a los abusos y delitos digitales.

Efectividad cuestionada

Algunos expertos expertos en alfabetización digital y educación mediática han expresado un punto de vista crítico sobre esta medida.Señalan que, además del riesgo para la privacidad que supone la identificación en redes sociales, estas medidas podrían no surtir el efecto declarado. Según estos expertos, las barreras técnicas pueden sortearse con facilidad y no abordan las causas de fondo del consumo digital entre menores. Señalan que, con un poder irrestricto de las compañías tecnológicas, sin una formación sólida para aprender a identificar la desinformación, comprender cómo operan los algoritmos y reconocer el papel de las emociones en la difusión de contenidos falsos, las restricciones legales parciales resultan insuficientes. También alertan de la falta de políticas educativas dirigidas a las familias sobre los efectos de la exposición prolongada a redes sociales en el desarrollo infantil, y consideran que una prohibición generalizada demuestra un enfoque simplista sobre un fenómeno complejo.