Más de cuarenta juristas y profesionales del derecho de distintos países han suscrito una denuncia pública por la "vulneración grave, continuada y estructural" de los derechos humanos de la presa política comunista María José Baños Andújar, quien cumple condena en una prisión española padeciendo múltiples enfermedades graves. Según el texto difundido por presos.org.es, a la interna de 61 años se le ha denegado reiteradamente la libertad condicional y la progresión de grado, basándose "exclusivamente en la ausencia de arrepentimiento ideológico", una condición que los firmantes califican de "no prevista legalmente" y que constituye una "injerencia ilegítima en la libertad ideológica".

La denuncia detalla el grave cuadro clínico que padece Baños Andújar, que incluye infección por VIH en estadio C3, trombocitopenia crónica, desnutrición calórica grave y claudicación intermitente severa, entre otras patologías. Las autoridades sanitarias han constatado una pérdida severa de peso, una reducción drástica de su movilidad y la insuficiencia del entorno penitenciario para garantizar una atención médica adecuada. En noviembre de 2024, la administración reconoció oficialmente a la interna un grado de discapacidad del 69%. Su defensa ha solicitado nuevamente la libertad condicional por enfermedad al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Los firmantes fundamentan su denuncia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Argumentan que mantener en prisión a una persona en tal estado de salud viola el artículo 3 del CEDH (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), el artículo 2 (derecho a la vida) y el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Asimismo, señalan que condicionar medidas humanitarias al arrepentimiento vulnera los artículos 9 y 10, que protegen la libertad de pensamiento y expresión.

La denuncia concluye que "la situación de María José Baños Andújar no constituye un hecho aislado, sino un ejemplo paradigmático del uso del sistema penitenciario como herramienta de castigo político". Los juristas instan a las autoridades españolas a adoptar medidas de excarcelación por razones humanitarias de forma inmediata y piden a mecanismos internacionales de derechos humanos que supervisen el caso. La carta permanece abierta a nuevas adhesiones de profesionales del derecho a nivel internacional.